Los sindicatos piden prudencia al Gobierno ante los anuncios sobre la regularización de inmigrantes

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha confirmado en la SER que el Gobierno va a llevar a cabo una regularización de los inmigrantes que trabajan. Se trata -ha dicho- de "acabar con la economía sumergida" y con "la situación caótica heredada del PP". Estas ideas serán discutidas en la mesa de diálogo social a primeros de septiembre. UGT Y CCOO ya han pedido prudencia al Gobierno.

Los dos grandes sindicatos piensan que enfocar el problema de la inmigración ilegal desde el punto de vista laboral es bueno, pero creen que la prudencia debe ser la principal virtud del Gobierno.

Según Jesús Pérez, secretario Ejecutivo Confederal de UGT, no es bueno "hacer propuestas genéricas, que no están maduradas o que no se han escuchado todavía en la mesa de diálogo". Para Pérez, ésto puede "dificultar el diálogo social por un lado y dar pábulo a falsas expectativas y abonar terreno a los nuevos traficantes de esclavos".

Las organizaciones empresariales no han hablado del tema y algunas sectoriales en las que es más que obvio que se emplean a ilegales, no han querido decir nada amparándose en lo delicado de un tema que ellos mismos protagonizan.

EL PROTAGONISMO DE LOS EMPRESARIOS

Aunque considera "muy positiva" esta medida, es precisamente, ese protagonismo lo que preocupa al secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), quien teme que se deje todo el proceso de regularización en manos de los empresarios. Según éste, la iniciativa debe emprenderse con el consenso de los agentes sociales.

Al respecto, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha señalado en la SER, que para obtener la residencia será necesario la existencia de un contrato laboral: "Si el empresario materializa ese contrato, el Gobierno dará permiso provisional de residencia de trabajo que durará lo que dure el contrato". En los supuestos casos en los que la renovación no sea efectiva "tendría que volver a su país o será expulsado", ha afirmado Rumí.

ECONOMÍA SUMERGIDA Y CAOS HEREDADO

El objetivo de este nuevo reglamento es "acabar con la economía sumergida, que tiene como primera víctima al inmigrante, que es explotado, pero también a la propia sociedad española porque esa persona al no estar dada de alta en la Seguridad Social no cotiza y tampoco paga los impuestos", ha apuntado Rumí.

Por último la Secretaria de Estado ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre este nuevo reglamento. "La situación caótica la hemos heredado. En la última legislatura más de dos millones y medio están en el censo y menos de un millón están afiliados a la Seguridad Social. Se equivocaron cuando gobernaban y se vuelven a equivocar ahora", ha asegurado Rumí. El llamamiento del Gobierno es que no confronten con este tema, que colaboren y entre todos ofrecer las mejores repuestas.