Decepción y cautela ante el reglamento de extranjería anunciado por el Gobierno

Numerosas ONG dedicadas a asistir a inmigrantes mostraron hoy su decepción o sus cautelas ante la propuesta de reglamento de la ley de extranjería presentada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, un texto calificado de "disparatado" por el secretario general del PP, Mariano Rajoy. Caldera, tras comparecer ayer en el Congreso, ofreció hoy una rueda de prensa para detallar las propuestas y destacó que los empresarios tendrán un "muy breve" plazo para regularizar a sus trabajadores extranjeros sin ser sancionados.

Una vez concluido ese proceso, el borrador de reglamento prevé la fórmula de "arraigo laboral", que permite regularizar al inmigrante que denuncie al empresario demostrando que lleva dos años en España y un año de trabajo; en este caso el empresario no será sancionado si liquida las deudas con los organismos públicos y con el empleado y lo mantiene contratado al menos un año más.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales reiteró que se trata de una propuesta y de que su objetivo es alcanzar el máximo consenso con los agentes políticos y sociales, debate que comenzó hoy con la reunión de sindicatos y empresarios con la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

Los agentes sociales se mostraron prudentes tras el encuentro al considerar que sólo se ha iniciado el proceso de negociación, mientras que el PP, por boca de su secretario general, pidió al Gobierno que "se vuelva a contradecir y rectifique" porque la propuesta, dijo, es "una invitación a la inmigración ilegal".

Para Mariano Rajoy, se trata de fórmulas "voluntaristas": es "un disparate colosal" pretender que el empresario denunciado por un trabajador lo vuelva a contratar por un año para evitar la multa y que se considere "arraigo laboral" a partir de un año de trabajo.

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Cáritas mostró su preocupación por la "incertidumbre" generada ante las propuestas y cuestionó la eficacia de algunas medidas, ya que, a su juicio, antes de pagar con carácter retroactivo las cotizaciones a la Seguridad Social del inmigrante el empresario preferirá hacer "borrón y cuenta nueva" y, además, es "difícil que un extranjero que lleva un año trabajando denuncie a su empleador".

Según explicó a Efe el responsable del área de análisis social y desarrollo, José Manuel López, en las sedes de Cáritas se han recibido cientos de llamadas y los meses hasta que el reglamento se aplique serán de "muchísima tensión".

Por su parte, Amnistía Internacional mostró su temor ante la posibilidad de que las fórmulas propuestas generen "un efecto perverso" sobre los irregulares y que recaiga sobre ellos "toda al carga" de exigencias, aunque valoró la intención de facilitar el acceso del inmigrante a los derechos fundamentales.

Para la ONG Andalucía Acoge, la propuesta supone "una perversión", pues "enfrenta a empresarios y trabajadores creando una grave desconfianza hacia el inmigrante". Criticó que en el periodo transitorio se coloque "en igualdad de

condiciones al empresario bienintencionado y el empresario explotador y delincuente" y pidió que en ese plazo también se regularice al extranjero que denuncie la explotación laboral.

SOS Racismo por su parte se mostró "escéptica" ante el borrador propuestas y lamentó "la falta de valentía" del Gobierno al interpretar la fórmula del arraigo "de manera totalmente conservadora". En un comunicado, explicó que la posibilidad de que el inmigrante denuncie está incluida en la ley de extranjería, "pero los extranjeros no suelen utilizarla por miedo a ser expulsados o a quedarse sin trabajo".

El secretario general del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), valoró la "valentía" de las propuestas del Gobierno, aunque pidió que no se exija la denuncia del trabajador para que éste pueda obtener sus papeles y también que no se vincule la duración de la autorización de residencia a la del contrato, ya que se crearía "una absoluta dependencia" del trabajador respecto al empresario.

En opinión de la patronal agraria ASAJA-Almería, que recordó la imposibilidad de que en el campo se ofrezcan contratos de más de nueve meses, el borrador es "inaceptable" y "supone un engaño para los inmigrantes y un acoso para el mundo empresarial".

l presidente de la Asociación de inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos Rumiñahui de Valencia, Edgar Constante, calificó la propuesta de "burlona" porque "no responde a las necesidades del mercado laboral", ya que "es imposible que un inmigrante denuncie a los empresarios cuando no podrá demostrar nunca que ha estado trabajando; en eso consiste el trabajo clandestino".