Los extranjeros que demuestren al menos un año de trabajo en España podrán regularizar su situación

Los trabajadores inmigrantes irregulares que presenten una denuncia y demuestren una relación laboral de al menos un año podrán legalizar su situación y, durante un periodo transitorio, se permitirá también a los empresarios dar de alta a inmigrantes en la Seguridad Social si se comprometen a un contrato de un año mínimo.

Estas serán dos de las fórmulas de regularización que se incluirán en el reglamento de la ley de extranjería que el Gobierno prevé aprobar en octubre, avanzó hoy el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en el Congreso.

La primera de las fórmulas, explicó Caldera, se denominará "arraigo laboral" y será el sistema general a partir de la entrada en vigor del reglamento, mientras que el segundo proceso tendrá una duración limitada y será "selectivo y personalizado", aunque aquí habrá de alcanzarse un amplio consenso, dijo.

CUOTAS CON CARÁCTER RETROACTIVO

Caldera, que entregará mañana el texto del reglamento a los grupos parlamentarios, calificó el arraigo laboral de "instrumento innovador y radical" para luchar contra la contratación de irregulares.

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Tras la denuncia, el empresario deberá hacer frente con carácter retroactivo a todas sus obligaciones y, además recibirá la correspondiente multa, aunque esa sanción se suspenderá si se liquidan las deudas con el trabajador y con los organismos públicos y se mantiene durante al menos un año más al empleado.

Las autorizaciones de residencia "por circunstancias excepcionales" que admite la ley de extranjería se evaluarán, dijo, "de manera comprensiva, pero rigurosa", y el resto de supuestos de arraigo se vincularán a una estancia de al menos tres años, a la incorporación real al mercado laboral y a la demostración de lazos familiares o del arraigo a través del aval de los servicios sociales de los ayuntamientos.

Al margen del régimen general, el reglamento fijará una fórmula de carácter temporal que permitirá que, cuando el inmigrante lleve en España "un tiempo suficiente" por determinar y esté trabajando, pueda presentar un contrato de trabajo y alta posterior en la Seguridad Social por un mínimo de un año.

Caldera dejó claro que no se trata de un proceso de regularización y explicó que los inmigrantes obtendrán un permiso temporal supeditado a la continuidad de la relación laboral, "pudiéndose recoger la posibilidad de actualizar las cotizaciones a la Seguridad Social" correspondientes al periodo de trabajo que hubiera desarrollado el extranjero cuando era irregular.

El reglamento, subrayó Caldera, fomentará la contratación legal de extranjeros y reformará el requisito básico para contratar en el exterior, que es la evaluación de la situación nacional de empleo, de forma que el Servicio Público Estatal de Empleo elaborará un catálogo de puestos donde ha quedado comprobado que no hay trabajadores residentes que puedan ocuparlos.

El contingente, añadió, será "más ágil y flexible" y en él se incluirá un número de visados para la búsqueda de empleo para determinados sectores donde el empleador necesita contacto directo con el trabajador, como el servicio doméstico y la hostelería, y otro cupo para hijos y nietos de españoles.

El ministro avanzó además que para que la contratación sea más sencilla se simplificarán los procedimientos con el objetivo de que en medio mes se concedan las autorizaciones, mientras que se prevé que la resolución de los expedientes presentados por los extranjeros se resuelvan en un mes, en lugar de los dos meses actuales.

Caldera subrayó varias veces durante su intervención que los pilares de la política de inmigración del Gobierno serán la gestión de los flujos migratorios según las necesidades del mercado laboral, la lucha contra la inmigración clandestina, la integración social de los inmigrantes y la cooperación con los principales países de origen.

Respecto a las relaciones con Marruecos, Caldera elogió su "creciente implicación" en la lucha contra la inmigración ilegal, y apuntó que hasta agosto se han realizado 70.000 repatriaciones, el doble que el año anterior.

Tras su intervención, los grupos parlamentarios recogieron la invitación al diálogo, aunque las nuevas fórmulas de regularización suscitaron respuestas desiguales a la espera de su futura concreción.

La portavoz popular Angeles Muñoz acusó al Gobierno socialista de haber utilizado mecanismos ya recogidos en el borrador elaborado por el anterior equipo del ministro del Interior, Angel Acebes, y dudó de la aplicación efectiva de las fórmulas propuestas.

En ese sentido, Muñoz argumentó que alrededor del 50 por ciento de todos los trabajos que desempeñan los extranjeros tienen una duración inferior a un mes y sólo un 8 por ciento supera el año. El portavoz socialista, Antonio Hernando, indicó que el proyecto del Gobierno pretende acabar con la economía sumergida y dar salida a los miles de inmigrantes en situación ilegal que viven en España.

Asimismo, el diputado de CiU, Carles Campuzano, coincidió en la necesidad de lograr un consenso y reclamó más recursos para gestionar los flujos migratorios e integrar a los extranjeros, sobre todo para los ayuntamientos con más presión migratoria.

IU, PNV y el grupo mixto abogaron por una política de inmigración más solidaria y recordaron que, al margen del reglamento, es necesario reformar la ley de Extranjería.