La comisión del 11-M elevará el 'caso Del Burgo' al presidente del Congreso y a la comisión del estatuto del diputado

Madrid

Los trabajos en la comisión de investigación del 11-M se han reanudado. Todos los grupos, salvo el PP, van a elevar el 'caso Del Burgo' al presidente del Congreso y a la comisión del estatuto del diputado. Antes, el juez Del Olmo ha acordado devolver a Del Burgo el cuestionario realizado al confidente Zouhier, pero quedándose con una copia. Del Olmo responde que no se puede aceptar dicho "cuestionario".

Algunos grupos iban hoy a pedir la reprobación de Jaime Ignacio del Burgo. De hecho, todos los grupos, menos el PP, ya han llegado a un acuerdo sobre lo que van a hacer. En concreto, la comisión va a elevar el caso 'Del Burgo' al presidente del Congreso, Manuel Marín, y a la comisión del estatuto del diputado.

Desde el PNV, su comisionado ha ido más allá. Emilio Olabarría, asegura que si se garantiza que el modo de plantear y hacer llegar el cuestionario a Zouhier, por parte de Del Burgo, no ha sido el regular, "se habrá cometido un delito penal".

Respecto a la posible reprobación de Del Burgo, el portavoz del PP en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, se limitó a decir que dicho asunto no está incluido en el orden del día de hoy.

El aludido llegó al Congreso sin hacer declaraciones. El asunto de Del Burgo y su reprobación han quedado aparcados hasta mañana.

LA COMISIÓN ESTUDIA MÁS DOCUMENTOS SECRETOS

En la reunión de esta tarde, el Gobierno expuso ante la comisión, en sesión secreta, los tres documentos que están aún pendientes de enviar al Congreso. El Ejecutivo decidió mantenerlos clasificados el pasado 24 de septiembre porque afectaban a investigaciones terroristas.

En concreto, los documentos que los comisionados están viendo son: las seis ediciones del informe de Europol sobre valoración de la amenaza del terrorismo islámico, con sus actualizaciones; el informe de la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias dando cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Suárez Trashorras; y los informes relativos a los registros realizados en las minas de donde salió la dinamita empleada el 11-M.

DOCUMENTOS NUEVOS, PAPELES VIEJOS

Sin embargo, todo resulta polémico en esta comisión. Los comisionados del PSOE se han quedado solos en el interior de la sala porque el resto de grupos la han abandonado al percatarse de que se mostraban como nuevos los mismos 16 documentos del CNI que ya se habían estudiado hace dos meses. Según el PP de los 24 documentos, sólo tres eran nuevos.

"Veníamos a conocer nuevos datos y a seguir avanzando y nos da la impresión de que el grupo y el Gobierno socialistas toman el pelo a la comisión, y por ende, a los ciudadanos", sentenció Martínez-Pujalte. El portavoz popular abandonó la sesión para denunciar que ésta se ha convertido en una "tomadura de pelo".

ESQUERRA: EL GOBIERNO DE AZNAR YA SABÍA

ERC ha solicitado el registro de comunicaciones de ocho altos cargos del Gobierno del PP entre los días 11 y 18 de marzo para analizar los contactos entablados por estos responsables y demostrar así que conocían desde un primer momento la autoría islamista de los atentados de Madrid.

Según Esquerra, los informes enviados por el Gobierno a la Comisión del 11-M en sesión secreta confirman sus sospechas de que el PP mintió. La tesis de Esquerra es que el Gobierno supo desde la mañana del 11 de marzo que los autores de los atentados eran terroristas islamistas, y no ETA, y pretenden que se demuestre al conocer los lugares, personas y naciones con las que se contactó.

DEL OLMO: "DEL BURGO PERTURBA"

En un auto notificado hoy, el magistrado afirma que ni el control de legalidad, ni el de legitimidad, ni el de adecuación a la norma "permite aceptar el cuestionario remitido" por Del Burgo, miembro de la Comisión de investigación del 11-M.

Dice el magistrado, que "se trata de una actuación, a título individual, que refleja una actividad ajena a las previsiones legales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del Reglamento del Congreso de los Diputados", y añade "se ha hecho, supuestamente, sin ajustarse a la exigencia constitucional".

También el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha negado la injerencia que Zaplana y Del Burgo le han atribuido al enviar un escrito al presidente del Congreso por el polémico cuestionario.

"El fiscal general del Estado ha cumplido con su obligación, trasladando al presidente del Congreso la resolución judicial. Ha sido el propio juez del caso quien ha apreciado que la actuación se había realizado fuera de los cauces legalmente establecidos, y el fiscal se ha limitado a trasladar ese tema al presidente para su conocimiento".