El Gobierno da luz verde al carné por puntos, que estará listo para el verano

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros presidido por María Teresa Fernández de la Vega un informe del ministro del Interior, José Antonio Alonso, sobre el anteproyecto de ley de seguridad vial, así como el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El anteproyecto de ley que modificará la legislación sobre Seguridad Vial pretende adoptar el nuevo carné por puntos, de modo que los conductores con menos de tres años de experiencia tendrán ocho puntos iniciales y el resto doce. Los puntos se irán perdiendo si los automovilistas cometen alguna de las infracciones graves o muy graves previstas en la ley. Así, circular en sentido contrario o conducir ebrio supondrá la pérdida de hasta la mitad de los 12 puntos y los que sean sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad tendrán dos puntos menos.

La nueva legislación someterá al automovilista a una evaluación continua de su aptitud al volante y le restará puntos por cada infracción que comenta para así responsabilizarle de la 'calidad' de su conducción. El objetivo es reducir los más de 5.400 muertos anuales que se producen en las carreteras españolas.

Alonso explicó que el permiso de conducir por puntos servirá para que los conductores gestionen su propia responsabilidad al volante. El nuevo carné, que estará disponible antes del verano, supondrá "la represión de una conducta antisocial y una muestra de responsabilidad de los conductores". Según el ministro, los doce puntos que tendrá cada conductor son "un crédito" que les da la sociedad.

El titular de Interior explicó que este permiso "ha tenido buenos resultados en Francia e Italia" y confía en que también tenga efectos positivos en la reducción de la siniestralidad vial en España.

EL GOBIERNO, PERPLEJO ANTE EL CGPJ

El Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que la sorprende la "radicalidad" de la reacción de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial de contemplar la posibilidad de un "conflicto constitucional".

La reforma incluye una mayoría de tres quintos para elegir a los presidentes de Sala, los magsitrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

De la Vega, quien dijo estar "perpleja y ciertamente sorprendida", afirmó que el Ejecutivo está actuando en el ejercicio de sus competencias legislativas atribuidas constitucionalmente.

Explicó que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial "no supone el cambio de ninguna regla de actuación, ni siquiera de las reglas mínimas del juego". Solamente, dijo, "está introduciendo un elemento de equiparación en la regla del cuorum para los nombramientos".