El Consejo de Ministros aprueba en sesión urgente la reforma judicial que rechazó el Congreso
El Gobierno rectifica y se une a las tesis del PP tras la derrota parlamentaria del jueves
El Consejo de Ministros, que se reunió esta mañana con carácter extraordinario, ha aprobado de nuevo el proyecto de reforma del sistema de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, tras la derrota que el Gobierno sufrió el jueves en el Parlamento por la ausencia de varios diputados socialistas. Ahora, la polémica se centra en si el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado deben volver a emitir los informes preceptivos.
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La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a esta reunión extraordinaria, explicó que el proyecto es "idéntico" al que existía y que con esta reforma se pretende que el Poder Judicial "sea independiente, imparcial y plural".
Esta es la salida por la que ha optado el presidente tras la derrota parlamentaria y ante las "dudas surgidas acerca del trámite parlamentario que debía seguir el proyecto para su aprobación definitiva y dada la importancia del mismo".
El Gobierno remitirá el texto de inmediato al Congreso para que pueda ser refrendado por la Cámara, si es posible antes de que finalice el actual periodo de sesiones en diciembre. Con ello, el Ejecutivo pretende cambiar la fórmula de elección de los magistrados en el Alto Tribunal e impedir que la mayoría conservadora ocupe todos los puestos importantes en la magistratura. Con la reforma, los nombramientos tendrán que realizarse por consenso entre los dos sectores del Poder Judicial.
NUEVA POLÉMICA
El hecho de que el proyecto aprobado hoy sea idéntico al anterior ha dado lugar a una polémica entre los dos sectores del CGPJ. La mayoría conservadora mantiene, a pesar de esa identidad, que el nuevo proyecto de ley del Gobierno debe ser remitido tanto al CGPJ como al Consejo de Estado, para que éstos emitan los preceptivos informes, aunque el texto sea el mismo que el que ya aprobó el Ejecutivo el pasado día 15 de octubre.
Por el contrario, la minoría progresista considera que ese trámite ya está cumplido e invocan un caso similar durante los gobiernos del PP, en el que el Consejo de Estado resolvió que no era necesario someter a un nuevo dictamen un texto idéntico a otro ya examinado por este órgano consultivo.
