Los jueces informarán a las maltratadas del servicio de teleasistencia
Entra en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un informe sobre la entrada en vigor de la Ley de violencia de género. La vicepresidenta Fernández de la Vega ha destacado que, a partir de hoy surge una "herramienta poderosa" para tratar de acabar con lo que considera "una lacra". El ministro de Trabajo ha anunciado un convenio con los jueces para que éstos ofrezcan a las víctimas el servicio de teleasistencia.
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María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el trabajo para derrotar la violencia contra las mujeres "será largo" y sólo se logrará la victoria "si trabajan juntos hombres y mujeres" y si se le planta cara "desde todos los ámbitos de la sociedad".
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha anunciado en esta rueda de prensa que el Gobierno va a firmar con el Consejo General del Poder Judicial un convenio por el cual los jueces informarán a las víctimas de violencia doméstica con orden de alejamiento de la posibilidad de solicitar el servicio de teleasistencia. Caldera ha explicado que esta medida se toma porque las mujeres no están pidiendo este servicio.
Con la entrada en vigor de esta ley, la primera del Gobierno de Zapatero, ven ampliadas desde hoy las prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho gracias a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicada hace un mes en el B.O.E. Las víctimas con orden de protección pueden solicitar el dispositivo de alerta en los centros de atención integral o ayuntamientos. Desde hoy también se puede acceder a los derechos y beneficios laborales que contempla la Ley.
Algunos de los aspectos más polémicos de la Ley, la tutela penal y procesal, tienen una 'vacatio legis' de seis meses, por lo que en agravamiento de penas a hombres que maltraten a sus parejas o ex parejas y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no verán la luz hasta finales de julio.
La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales y ha implicado a siete ministerios (Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía). El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80 millones de euros hasta la implantación definitiva de todas las medidas previstas en la Ley.
Para un efectivo reconocimiento del derecho a una asistencia social integral de las víctimas, se prevé la dotación de un fondo financiero durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley al que podrán acceder las comunidades autónomas (competentes en materia de servicios sociales). En breve, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales celebrará una reunión con los responsables autonómicos para decidir el reparto de este fondo, que en su primer año está dotado con 10 millones de euros.
Medias sociales y económicas
Igualmente, la Ley recoge toda una serie de derechos sociales y laborales, como la prioridad en la adjudicación de viviendas, la reducción del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, la suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. En estos dos últimos casos con derecho a la protección por desempleo.
Al mismo tiempo, contempla un programa de inserción laboral para víctimas, con cobro de renta activa. Para quienes no puedan seguir el programa, se establece una ayuda económica. El texto también incluye actuaciones de detección precoz en materia sanitaria y programas de sensibilización y formación de personal sanitario.
La ley recoge el establecimiento de protocolos sanitarios de actuación para la prevención, la detección precoz y la intervención continuada. En los protocolos se establecerá expresamente la colaboración con la Administración de Justicia.
En materia policial, establece la creación o refuerzo de unidades especializadas en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y se abre el cauce para la cooperación de las policías locales. También se prevén los cursos de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad módulos de igualdad y no discriminación.
Se facilitará a los condenados por actos de violencia contra la mujer el acceso a programas específicos de rehabilitación, y las juntas de tratamiento valorarán estos cursos a la hora de otorgar beneficios penitenciarios a los condenados por violencia de gènero. Finalmente, la norma contempla campañas informativas de prevención y sensibilización y convierte en ilícita la publicidad sexista.
