El juez cita a declarar a Otegi y Salaberria por integración en ETA en la causa contra Batasuna
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien sustituye a Baltasar Garzon al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, citó hoy a declarar el próximo miércoles a los ex parlamentarios de Sozialista Abertzalek Jon Salaberria y Arnaldo Otegi por un delito de integración en ETA, en la causa que sigue contra Batasuna. La citación se ha producido arito al caso, Juan Moral, de cara al futuro procesamiento de ambos, condición en la que se encuentran otros 38 encausados en el procedimiento.
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Fuentes jurídicas señalaron que no se había actuado antes contra Jon Salaberria y Arnaldo Otegi, porque ambos formaban parte de la diputación permanente del Parlamento vasco, por lo que seguían siendo aforados. Por eso Garzón, el pasado 25 de febrero, elevó una atenta exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que les investigara por ser el órgano competente, al haber ocurrido los hechos que se les imputan en la citada Comunidad Autónoma.
Trición de aforados, por lo que la Audiencia Nacional puede volver a proceder contra ellos. Para evitar cualquier vulneración del delito de defensa, se ha procedido a citarles a declarar antes de dictar su procesamiento. Previsiblemente el fiscal Moral lo instará a finales de semana.
El pasado mes de febrero, Garzón citó y procesó directamente a otros dos ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak, grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna, que perdieron su condición tras la disolución de la Cámara vasca. Se trataba de Joseba Permach y Joseba Alvarez, quienes negaron ante el juez pertenecer a ETA en una breve comparecencia en la que el magistrado les comunicó su procesamiento.
Procesamiento previo
Con Permach y Alvarez son 38 los procesados en esta causa, ya que Garzón dictó auto de procesamiento el pasado 25 de enero contra otros 36 responsables de Batasuna (entre los que figuran miembros y ex miembros de las distintas mesas nacionales de HB) por integración en la organización terrorista ETA. Además, ratificó todas las medidas cautelares decretadas en la causa, como el embargo de los bienes de las herriko tabernas, consideradas procesamiento, en el que se anunciaba el envío de una exposición razonada se mencionaba a los aforados contra los que ahora se ha actuado. Así a Arnaldo Otegi, Garzón lo definía como ex liberado de KAS y miembro de las mesas nacionales de Herri Batasuna en 1998 y 2000, y de la de Batasuna en 2001; Jon Salaberria, ex responsable de Jarrai y ex liberado de KAS, así como responsable de Ekin; y José Federicola mesa nacional de HB en 1992, 1995 y 2000, y de la de Batasuna en 2001, así como de la Comisión Nacional de Herrikos.
Respecto a Joseba Jakobe Permach, el juez recordaba que ya elevó una petición similar al TSJPV el pasado 1 de septiembre para que fuera investigado. Garzón le atribuye haber formado parte de la mesa nacional de HB de 1998 a 2000 y de Batasuna, en 2001.
En aquel auto, el juez también anunciaba que pediría al TSJPV que investigara a "Josu Ternera", responsable del aparato político de ETA entre 1979 y 1989, cuando fue detenido. Sin embargo, el magistrado no propuesto ninguna medida contra él al encontrarse huido. Urrutikoetxea fue suspendido de sus derechos como diputado por estar en paradero desconocido, pero mantenía su condición de aforado, por lo que no pudo procesarle en enero.
Estructura del complejo
El auto de procesamiento explicaba que Herri Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".
"Para ello, sus responsables anteponen a cualquier otro medio el ejercicio de la violencia cpráctica, no sólo justifican, sino que consideran imptía en que HB-EH-Batasuna "fueron diseñadas, creadas, financiadas, controladas y dirigidas, a la vez que servían de nutrientes, en efecto retroalimentador, de la estructura militar, por esta misma (ETA) como parte integrante de ella. Y sus dirigentes, integrantes de la mesa nacional, que además han formado parte de otras estructuras clandestinas, han sido conscientes de esa subordinación y conjunción de medios y fines, y han aceptado la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia, aunque ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto". En cuanto a las herriko tabernas, el juez señalaba que "parece claro la sumisión y dirección de las mismas al proyecto común, controlado por la Comisión Nacional de Herrikos, controlada a su vez por la Mesa Nacional".
Tras fijar como punto de inflexión en la violencia sobre concretos sectores, el atentado del Hipercor de Barcelona, Garzón reproducía documentos en los que se enumeran las potenciales víctimas de ETA, así como la necesidad de la organización terrorista de "dotar de un carácter pedagógico a la violencia terrorista".
En este sentido, recordaba, se emprendieron campañas como Euskal Herria Libre o Fuera de Aquí, destinada a presionar a miembros de la Administración de Justicia, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y periodistas, concejales, artistas y docentes universitarios, entre otros. Garzón cifraba las víctimas mortales de ETA en 838, entre 1968 y 2002, y de heridos, en 1.410.
Pérdidas económicas
La extensa resolución reproducía un informe pericial sobre las pérdidas egún estudios recogidos por el magistrado, el PIB en el País Vasco disminuyó en 89.880.200.000 euros en el citado periodo. Entre 1970 y 1993, los costes ascendieron a 2.889.964.000 euros, en los que ya están incluidos las pérdidas por Lemoniz. Otros costes directamente cuantificables, según Garzón, aumentaron a 4.000 millones de euros. En el año 2004, en cambio, los "costes directamente cuantificables" superaron "con creces" los 600 millones de euros.
El auto incluía tablas con las mociones presentadas por Batasuna en las diferentes instituciones a favor del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Los cuadros también especificaban que el 48 por ciento de las comunicaciones externas de este entramado tienen como contenido "el apoyo, recuerdo o referencia a personas directamente relacionadas con ETA".
En su resolución, Garzón recordaba que en mayo de 2004 acordó el cierre de las herriko tabernas, y la suspensión de actividades de Batasuna, ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, al no haber realizado el alto tribunal la liquidación de su patrimonio, el juez ratificó todas las medidas de embargo y de administración judicial que acordó el 9 de mayo de 2003 y que fue prorrogando.
