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Los bares con máquinas de tabaco publicitarias pueden ser multados

La OCU exige a la Administración "rigor en la exigencia de cumplir la norma"

Los propietarios de bares y restaurantes que mantienen máquinas expendedoras en sus establecimientos con publicidad de tabaco están cometiendo una "infracción muy grave" y pueden ser sancionados con multas desde 10.001 a 600.000 euros, de acuerdo con la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

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Desde la publicación de la ley ayer en el BOE, queda prohibido "el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información", excepto publicaciones para profesionales del sector, presentaciones de productos a los mismos profesionales y promociones a estancos, que no podrán verse en los escaparates.

El incumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad, promoción y patrocinio del tabaco se considera infracción muy grave, lo que lleva aparejadas multas desde 10.001 a 600.000 euros. En el caso de la publicidad en máquinas expendedoras, además de la empresa publicitaria, es considerado "responsable solidario" el titular del establecimiento en el que se encuentre la máquina.

Según señaló a Europa Press José María Múgica, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no le sorprende que aún haya bares con máquinas expendedoras con publicidad de tabaco, ya que "en un primer momento va a ser difícil que la ley se cumpla en todos los niveles de exigencia".

Rigurosidad de la Administración

No obstante, Múgica aseguró que la OCU estará atenta para tratar de conseguir que se respete la ley. "No hay que bajar la guardia y hay que pedir a la Administración que sea muy rigurosa en la exigencia del cumplimiento de la norma".

En este sentido, el portavoz de la organización de consumidores, el papel de control compete tanto a la Administración Central como a las Autonómicas, y subrayó que "sería un pèsimo servicio a la sociedad el que no se tomaran en serio hacer cumplir la ley".

 
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