Los informes policiales llegan a la conclusión de que es Batasuna quien convoca el congreso del día 21

Los informes de la Policía y de la Guardia Civil que ha recibido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska llegan a la conclusión de que es Batasuna la que convoca el congreso cuya celebración está prevista para el próximo 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya). Los investigadores aportan al juez ruedas de prensa y reuniones anteriores como prueba de la misma identidad de personas y objetivos en la convocatoria del día 21.

En concreto, el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la Cadena SER, concluye: "En definitiva, Batasuna tiene previsto realizasr un congreso el próximo día 21/01/06 en el BEC de Baracaldo. Acto organizado por Batasuna, que concluye un proceso interno de esta organización y en el que se ratificará la elección de su máximo organo directivo, la Mesa Nacional. Todo ello ha sido publicitado exhaustivamente y anunciado en múltiples ocasiones por Batasuna y sus dirigentes".

Los informes ocupan cerca de cien folios, con varios anexos en los que se incluyen fotografías de pancartas y detalles de carteles de la convocatoria. Sin embargo, el juez no tendrá hasta el martes próximo el contrato de alquiler del local en el que se trata de celebrar dicho congreso.

Renovación de la suspensión de Batasuna

Tras recibir estos informes, Grande-Marlaska dio traslado de ellos a las partes personadas en la causa en la que en 2002 se decretó por tres años la suspensión de actividades de Batasuna, para que presenten sus alegaciones al respecto en la "vistilla" que ha convocado para el martes con el objeto, precisamente, de preguntarles sobre la renovación de la suspensión de actividades de la formación, que venció el pasado agosto.

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En la vista se estudiará la renovación de la suspensión de actividades de Batasuna, decretada por el juez Baltasar Garzón el 26 de agosto de 2002 y no renovada el pasado verano al considerarse que era suficiente la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.

En el caso de que se decida prorrogar la medida de suspensión de actividades, ésta se podrá mantener durante los dos próximos años, hasta el máximo de cinco previsto por la ley.