El juez Grande-Marlaska prohíbe el congreso de Batasuna y suspende todas sus actividades

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decidido prohibir el congreso que tenía previsto celebrar la ilegalizada Batasuna el próximo 21 de enero en Baracaldo (Vizcaya). Además, el magistrado suspende todas las actividades de la organización durante un máximo de dos años. A estas medidas se une el cierre de todos los locales a los que hayan tenido o puedan tener acceso los miembros de Batasuna, los locales que tengan su anagrama, así como su página web.

Grande-Marlaska es contundente a la hora de justificar la prohibición del congreso de Batasuna, ya que es "el congreso de Batasuna como frente político-institucional de ETA".

Además, el magistrado asegura con contundencia que el símbolo que aparece en el cartel que anuncia el acto es el anagrama de la banda terrorista, y no el del colegio de farmacéuticos.

El objetivo del juez es, por tanto, evitar una reiteración del delito. Para adoptar estas medidas el magistrado Grande-Marlaska ha oficiado a los responsables del Gobierno vasco, al de Navarra y a la Guardia Civil para que tomen las medidas oportunas destinadas a impedir que el partido de Arnaldo Otegi celebre su reunión asamblearia y desarrolle cualquier actividad.

El titular del juzgado de Instrucción 5 ha tomado esta decisión después de que el fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo se mostraran esta mañana a favor de impedir que la formación ilegalizada celebrara el acto anunciado.

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La medida tomada por Grande-Marlaska es consecuencia de la suspensión de actividades de Batasuna, que el juez ha prorrogado por un máximo de dos años, al amparo del artículo 129 del Código Penal. Esta decisión se adopta en el marco del sumario de la Audiencia Nacional que todavía investiga la presunta relación de este partido con ETA.

La actividades de Batasuna estuvieron suspendidas durante tres años y hasta agosto de 2005, pero esta medida cautelar no se renovó este verano al considerar que tras la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo ya no era necesario.