Conde-Pumpido consultará a la Junta de Fiscales de Sala las discrepancias sobre la admisión a trámite del recurso del PP al Estatut
Según ha sabido la Cadena SER, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado para el próximo martes día 13 la Junta de Fiscales de Sala para resolver la discrepancia existente entre los fiscales del Tribunal Constitucional a la hora de admitir a trámite el recurso presentado por el PP contra la tramitación del Estatut catalán como una reforma estatutaria y no constitucional, como quiere el PP.
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La Fiscalía del constitucional ha emitido un informe en el que se muestra partidaria de admitir a trámite el recurso presentado por el PP en el sentido de que el trámite correcto para discutir el Estatut de Cataluña en las Cortes Generales sea mediante una reforma constitucional y no como una reforma estatutaria, la tesis mantenida por el Gobierno de Zapatero.
Los fiscales del Constitucional se encuentran divididos y Juan Ortiz Urculo -ex fiscal general del Estado a propuesta del PP- como jefe de la fiscalía ante el Tribunal Constitucional ha inclinado la balanza a favor de la admisión a trámite y así se lo comunicará hoy a Candido Conde-Pumpido.
Las fuentes consultadas por la Cadena SER aseguran que el fiscal general, a la vista de las discrepancias, convocará la Junta de Fiscales de Sala, que es el máximo órgano técnico de consulta que tiene esa institución para elaborar sus informes. En esta junta se estudiará también otro informe de la propia secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado que se muestra contrario a la admisión a trámite del recurso del PP.
Por tanto, el próximo martes día 13, los 16 miembros de la Junta de Fiscales de Sala estudiaran ambas propuestas y adoptarán una decisión consensuada que será de obligado cumplimiento para el fiscal del Tribunal Constitucional.
El informe será estudiado junto con el solicitado al PP
El informe que salga de esta junta será estudiado por el Alto Tribunal en una reunión de su plenario, junto con el informe solicitado al Partido Popular.
Si finalmente el Alto Tribunal no admite a trámite el recurso del PP, el desarrollo del proyecto de Estatut se llevaría a cabo como una reforma estatutaria. Si, por el contrario el Constitucional admitiera a trámite el recurso y sentenciara su tramitación como reforma constitucional, el camino a seguir sería distinto. Una reforma constitucional exige para su aprobación una mayoría de 2/3 de los diputados de las Cortes Generales, lo que sería imposible de conseguir sin el apoyo del PP y la disolución de las Cortes.