El fiscal rebaja la pena a siete acusados de cometer actos de 'kale borroka'

Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, ha reducido la petición de pena a siete personas que fueron acusadas de cometer actos de ''kale borroka''. En un principio pedía para ellos 400 años de cárcel, pero más tarde sólo solicitó 13 años, alegando que en sus actos de vandalismo callejero no pusieron en peligro la vida de personas.

Los actos 'kale borroka' a los que se refiere la petición de condena, fueron cometidos entre el mes de septiembre de 1999 y mayo de 2002 en Guipúzcoa e incluyen los ataques contra el domicilio de dos concejales del PSE-EE, una de las sedes oficiales del PNV o una sede del Diario Vasco.

Los 7 procesados reconocieron durante el juicio su participación en los hechos y mostraron su conformidad con la condena que pedía para ellos el representante del Ministerio Público. Pero la acusación también iba dirigida contra otro indivíduo, Garikoitz Ibarlucea Murua, que se enfrentaba a 48 años de prisión.

El escrito provisional del fiscal

En el escrito que contenía las conclusiones provisionales de Ignacio Gordillo, el fiscal solicitaba 16 años de cárcel por cada acto de violencia callejera que habían cometido, además consideraba que eran constitutivos de delitos de estragos terroristas con el agravante de llevar un disfraz. Sin embargo, durante el juicio el fiscal cambió su acusación por considerar que sólo habían incurrido en un delito continuado de daños terroristas.

Gordillo además afirmó en el juicio que no estaba demostrado que los acusados cometiesen estos actos de violencia cubriendose la cara con pasamontañas y capuchas; de esta forma desapareció el agravante que supone ir disfrazado. También dio a entender que los actos no ponían en peligro, en ningún momento, la vida de las personas. Una declaración que ha desembocado en una rebaja importante a la hora de solicitar la pena, los 400 años se han reducido a 13.

Objetivos de la 'kale borroka'

Entre los acusados, al menos cuatro de ellos (Aranalde, Garmendia, Otegui y Ozaita) reconocieron haber lanzado piedras contra las casas de dos concejales en septiembre de 1999, además de artefactos incendiarios que causaron grandes destrozos en sus propiedades. Los afectados fueron dos concejales del PSE-EE de Ibarra (Guipúzcoa), Jacinto Mayordomo Sánchez y Cristina Muñoz Postigo.

Los responsables del lanzamiento de varios cócteles molotov en abril de 2000, contra una delegación de Tolosa (Guipúzcoa) del ''Diario Vasco'', fueron cinco en total: Garmendia, Otegui, Sudupe, Aranalde y Ozaita. Los ataques sólo produjeron algunos daños en un coche que se encontraba en las inmediaciones.

Sin embargo, a parte de estos actos violentos, hubo más durante ese año. En julio del año 2000 explotaron dos artefactos, que habían sido colocados por Otegui y Garmendia, en la Estación de Renfe de Tolosa y causaron numerosos daños materiales valorados en 15.525 euros. El mismo año pero en el mes de octubre, atacaron entre otros sitios, la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de la misma localidad (Tolosa), La Oficina de Correos de Alegría (Guipúzcoa), vehículos privados y un autobús urbano.