La Audiencia Nacional investiga a siete altos cargos chinos por la represión de marzo en el Tíbet
La querella, admitida a trámite, implica a dos ministros y denuncian que dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una investigación contra dos ministros y cinco altos cargos de la República Popular China por la represión que se produjo en marzo pasado en el Tíbet y que, según las asociaciones querellantes, causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
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En un auto notificado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 acepta la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos denunciados por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana".
La causa está dirigida contra el actual ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del ''Politburó'' en Pekín Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lahsa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
"Matanza sistemática y generalizada"
Según los querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y despariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputa "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
Como testigos en la causa, Pedraz ha citado al responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno Tibetano en el Exilio (el 4 de septiembre, a las 10.30 horas); al director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia del Ministerio de Seguridad del Gobierno en el exilio (ese mismo día a las 12.00 horas); y al responsable del informe sobre la represión en el Tíbet elaborado por Amnistía Internacional (el 10 de septiembre, a las 10.30 horas).
El instructor también solicita a los querellantes que aporten al juzgado la documentación de que dispongan sobre estos hechos y que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados.
Segunda investigación sobre Tíbet
Al margen de la investigación de Pedraz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.
Además de Zemin, esta querella está dirigida contra el primer ministro durante la represión tibetana, Li Peng; los secretarios del partido Comunista en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong, entre 1980 y 1985, Yin Fatang, y entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan; el ministro de Planificación Familiar en los 90, Deng Delyun; y el jefe de Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80, Chen Kuiyan.
