La Eurocámara amenaza con congelar los fondos comunitarios a España si continúan los abusos urbanísticos

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no resuelve los abusos urbanísticos. El documento contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra. El informe Auken, que debe su nombre a la política danesa Margrete Auken, denuncia la resposnaibilidad de "todas las administraciones"por haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, con "gravísimas consecuencias medioambientales" y también "sociales y económicas".

La resolución pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medioambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos. Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

Especial preocupación por Marbella

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

Corupción endémica

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".