El general Alejandre señala que el funeral del Yak dependió de la Presidencia del Gobierno y de la Casa Real

El general retirado Luis Alejandre, el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra (jeme) en el momento del accidente del Yak-42, ha negado ante la Audiencia Nacional haber alertado al Ministerio de Defensa que 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo estaban sin identificar.

Alejandre fue llamado a declarar después de que la semana pasada el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad), el general Félix Sanz Roldán, le señalara como el mando militar que alertó de los errores en la identificación en una reunión del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa mantenida el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente y un día antes del funeral de Estado.

Ante las preguntas del fiscal Burgos, Alejandre aseguró que no tuvo "sospechas de que parte de los fallecidos venían sin identificar" antes de que se celebrase el funeral de Estado. Es más, afirmó que no conoció los errores en la identificación hasta las primeras semanas de marzo de 2004, cuando se enteró de la noticia por la prensa.

Niega haber alertado

Por lo tanto, negó haber alertado en el Consejo de Dirección de los errores en la identificación y haber propuesto en esa reunión que no se entregaran los cadáveres a las familias hasta que se finalizaran las labores de filiación. La semana pasada, Sanz Roldán aseguró ante el tribunal que el propio Alejandre así se lo había relatado en un encuento informal que mantuvieron cerca de año y medio después del accidente. En este sentido, Alejandre reconoció haberse entrevistado con Sanz Roldán pero dijo que en el encuentro no se habló del Yak-42.

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Aún así, a pesar de lo categórico de sus palabras, finalmente admitió que puede que no recuerde bien todo lo que hablaron. "Si luego, saliendo, hablamos de otras cosas, no me puedo acordar", dijo. Ante las preguntas del presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, Alejandre se defendió diciendo que él no tomó la decisión. "Doy por sentado que el que toma la decisión da por supuesto que estarán todos los cadáveres en Torrejón identificados", dijo. Ante la presión de las preguntas, Alejandre dijo que él era "un peón, parte de la tragedia" y aseguró que la decisión de celebrar el funeral de Estado no dependía del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa sino de "la presidencia del Gobierno y de la Casa Real".

Finalmente admitió que nunca ha entendido "por qué un funeral rápido" es incompatible con que más tarde se siguiese realizando las labores de identificación en los cadáveres que no estuviesen reconocidos, pero volvió a negar que él tuviese conocimiento de los errores antes del funeral de Estado.

Un equipo de identificación con "mucho rodaje"

Por último, el general retirado reveló que cuando se preparó el viaje a Trebisonda el mismo día del accidente, él en persona le ofreció a Trillo el equipo de identificacion de la Guardia Civil, pero dijo que el Ministro lo rechazó diciendo que el equipo que se llevaba, integrado por los tres acusados, tenía "mucho rodaje" porque "habían participado en las labores posteriores al atentado contra siete agentes del CNI en Irak".

Cuando Alejandre accedió a la sala se produjo un pequeño incidente ya que uno de los familiares de las víctimas que se encontraba entre el público gritó "en formación los 62, que entra el general", en referencia a las 62 víctimas del accidente aéreo. El presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, reprendió a la mujer y le advirtió de que si se volvía a repetir el incidente la expulsaría de la Sala. Los comentarios de los familiares fueron continuos durante la declaración de Alejandre. La declaración de Alejandre en el juicio fue solicitada por el abogado del principal acusado, el general Vicente Navarro. El fiscal encargado del juicio, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Vicente Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.