Garzón acudirá a declarar ante el Supremo por el caso de las fosas del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido citado a declarar como imputado mañana a las 12.30 horas ante el Tribunal Supremo en relación con la querella interpuesta contra él por el sindicato Manos Limpias. Acusan al magistrado de haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones durante el franquismo cuando no era competente para ello.

La querella admitida contra el magistrado señala que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación al admitir a trámite y realizar diligencias en la Audiencia Nacional sobre una denuncia realizada por familiares de desaparecidos tras la Guerra Civil. La querella no tiene el respaldo de la Fiscalía que es partidaria de archivarla si bien la Sala de lo Penal del Supremo acordó admitirla a trámite.

El juez explicó se manifestó "tranquilo" el pasado 28 de mayo. La razón de su tranquilidad hay que buscarla en su convicción de no haber cometido ningún delito. El magistrado aseguró que no instruyó el caso de la Memoria Histórica a sabiendas de que no podía hacerlo y de que estaba siendo injusto.

"La ley es igual para todos" dijo entonces el magistrado. Al conocer la querella, el juez la consideró vacía de contenido porque con anterioridad otros jueces ya evaluaron su actuación y aunque rechazaron la competencia no se cuestionaron la forma legal en la que actuó.

El Supremo entra en escena

El Tribunal Supremo rechazó el recurso de Garzón contra esta querella. En el auto de admisión a trámite del pasado 17 de junio señala que existen indicios de que la investigación realizada por el magistrado sobre las desapariciones del franquismo "se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga (...) y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación".

Se refiere así el auto al hecho de que Garzón dirigiera el procedimiento contra Francisco Franco y otros 44 altos cargos de la dictadura para los que finalmente declaró distinguida la responsabilidad penal, pues todos habían ya fallecido. Añadía la Sala que "cuando la muerte es anterior a la condena, y la condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal", por lo que un procedimiento contra personas fallecidas "resulta absolutamente imposible incoarlo".