El ex concejal de Palma acusado de malversación dice que el dinero "era para pagar droga" y no "sexo"
Subrayó que con el dinero "pagaba además los servicios del local", porque la cocaína le generaba <b>"necesidades de sexo y desinhibición"</b>
El ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, aseguró durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por la presunta malversación de más de 50.000 euros públicos que efectuó entre 2006 y 2007 en clubes de alterne y casas de masaje, que el dinero que desvió era "para pagar droga ya que la adicción que tengo es a la droga, no al sexo".
Su letrado, José Ignacio Herrero, defendió que su representado es el único político "en toda España" que ha devuelto el dinero antes de tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial.
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Durante el juicio al ex concejal de Palma de Mallorca De Santos, acusado de desviar dinero público para costear clubes de alterne, el imputado pidió perdón por su "incorrecta actuación" e indicó que el dinero que malversó como presidente de la Empresa municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) era "para pagar droga" y "no sexo". Además, aprovechó para hacerse responsable de los hechos ya que "sabía que iba a pasar lo que está pasando" y por el juicio que supone "un dolor añadido e innecesario al que hice a mi familia".
La cocaína le generaba "necesidades de sexo y desinhibición"
De Santos recordó que en 2002 entró en una discoteca del Paseo Marítimo en la que conoció a Alfredo Gómez, propietario del local de alterne masculino Casa Alfredo, donde según la Fiscalía abonó más de 28.400 euros, pese a que manifestó que acudía allí "porque me proporcionaban droga, lo que me proporcionaba una adicción de la que no podía salir". Además, subrayó que con el dinero "pagaba además los servicios del local", porque la cocaína le generaba "necesidades de sexo y desinhibición".
En su intervención, el ex concejal de Urbanismo manifestó que como "personaje público" nunca pensó en comprar la droga en locales que no fueran Casa Alfredo, ya que pensaba que allí "tenía una privacidad y se me ocurrió como sitio más discreto". En este sentido, aseguró que su actuación demuestra que "no estaba bien", ya que, como concejal, "tenía responsabilidades legales para haberlo hecho de otra manera". "Mi caso está peor visto porque tiene una connotación social de rechazo a lo que hice, y mi actitud es de arrepentimiento", aseveró.
Reintegrar el dinero
De Santos, que respondió a las preguntas del fiscal Juan Carrau en el marco de su declaración ante el tribunal del jurado, agregó que su voluntad "fue siempre la de reintegrar el dinero" y que así lo hizo "tras pedir ayuda a su familia". "No tenía dinero suficiente ni conciencia de las consecuencias de lo que estaba haciendo, aunque tenía un gran sentimiento de culpabilidad ya que me estaba metiendo en un pozo cada vez mayor", enfatizó.
A este respecto, se refirió el abogado defensor, José Ignacio Herrero, que defendió que su cliente es el único político de "toda España" que ha devuelto el dinero que ha desviado antes de tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial, "con absoluta inmediatez y sin que el Consistorio se lo haya pedido con anterioridad".
El letrado de De Santos espetó además que es "irrelevante" el debate sobre si la cantidad malversada "se la gastó en sexo, algo que sólo dice para hacer daño". "Pero el derecho no es moral", explicó el abogado, quien recalcó que su representado ha mostrado una postura de "arrepentimiento en todo momento". Además, pidió que en este proceso se aplique la atenuante de adicción a la cocaína, que provoca que su voluntad y facultad para decidir "resultasen gravemente afectadas". Así, recordó que en otro juicio por presuntos abusos sexuales de menores que tiene pendiente el encausado sí concurre la atenuante de drogadicción "por tener disminuidas su capacidad volitiva, aunque no anulada".
El fiscal pide cinco años
El fiscal Carrau alega que este problema "por sí sólo no es suficiente" para que se rebaje la pena del delito y agregó que esta adicción no es suficiente para que afectara a su conciencia y voluntad". El Ministerio Público, que pide cinco años de prisión, basó su tesis en que "no tiene sentido que De Santos coja dinero público y no se lo gaste en droga, sino en comidas o sexo" e indicó que, "si fuese una persona sin medios económicos y que la necesidad de la droga le obligase a coger dinero, sí que sería aplicable la atenuante".
La intención del fiscal anticorrupción es demostrar que se ha producido un delito de malversación continuado de más de 4.000 euros y que cuando tuvo conocimiento de que se le estaba investigando devolvió el dinero desviado, por lo que se considera como atenuante la reparación del daño. El fiscal solicita además la inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años.
Este lunes también declararon en calidad de testigo, la contable de la Empresa Municipal de Obras y proyectos Urbanos, Leonor Alomar; el propietario del local Casa Alfredo, Alfredo Gómez; y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
