Los cabecillas de la trama Gürtel se espiaron entre sí desde 2006

Madrid

Según ha podido saber la Cadena SER, los cabecillas de la trama Gürtel se espiaron entre sí durante 2006 y antes de que el juez Garzón investigara a las empresas de Francisco Correa. Documentos que obran en la instrucción del caso revelan que Pablo Crespo, número dos de la trama, instado por Francisco Correa, ordenó espiar a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', responsable de Orange Market en Valencia. No fue el único vigilado. La mujer de Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, también fue objeto de seguimientos.

Se trata de un seguimiento exhaustivo a Álvaro Pérez, recogido en un dossier de unas 30 páginas, que Pablo Crespo, instado por Francisco Correa, pagó y facturó a través de Pasadena Viajes, empresa de la trama.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por la Cadena SER, aseguran que desde 2006, fecha del dossier de investigación, el núcleo duro de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez se vigilaban unos a otros por la pérdida de confianza entre el propio 'Bigotes' y Francisco Correa.

El motivo de los encargos no era una cuestión personal sino empresarial. Una vez que 'El Bigotes' se instaló en Valencia, Francisco Correa quiso controlar los contactos políticos y las adjudicaciones de la administración que conseguía su número dos en la Comunidad Valenciana. Pablo Crespo, íntimo de Correa, fue quien encargó el seguimiento, lo facturó a Pasadena Viajes y quien recibió los dossieres.

La mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano también tiene su propio dossier en 2006, fecha en la que Rodríguez Quijano acababa de salir del Ayuntamiento de Majadahonda.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Los documentos, que obran en poder de la policía judicial, incluyen fotografías de reuniones de Álvaro Pérez en hoteles de Madrid, los desplazamientos que registraba un operativo puesto en su domicilio entre los meses de octubre y diciembre o un informe detallado de las sociedades controladas por 'El Bigotes'.

Una empresa privada en colaboración con la justicia entregó los documentos a la administración judicial y policial competente al inicio de la Operación Gürtel, documentos que los investigadores decidieron incluir en la instrucción pero no en la parte del sumario de la que se ha levantado el secreto.