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Miércoles, 08 de Abril de 2020

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El TSJV no se declara competente para investigar al presidente Camps y a otros 16 altos cargos del PP en Valencia

Los magistrados hacen suyos los argumentos de la Fiscalía para negarse a investigar la querella presentada por el partido socialista

Los magistrados rechazan, por tanto, investigar la presunta financiación irregular del PP valenciano a la que apuntaba un informe policial del caso Gurtel.

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Valencia sostiene que estos hechos se están investigando ya en Madrid y que hay que esperar a que las pesquisas avancen hasta que se hayan delimitado los presuntos delitos cometidos e identificado a sus responsables.

En este sentido, recuerdan los magistrados, hay que evitar posibles duplicidades e interferencias en la investigación. Más todavía si cabe cuando "se trata de una organización delictiva y los hechos, o gran parte de los mismos, guardan una gran semejanza, tanto en el modus operandi, como en el destino dado a los resultados delictivos presuntamente obtenidos: la consolidación global del dinero obtenido ilícitamente".

Los magistrados añaden además que de las diligencias practicadas para comprobar si son o no competentes para investigar estos hechos se desprende que en la campaña de las elecciones europeas del año 2004 y en las locales de 2007, el administrador general único del PP fue Luis Bárcenas a quien ya investiga el Tribunal Supremo. Sobre los comicios autonómicos del 2007, subrayan que la administradora que fue designada no se encuentra incluida en la querella presentada por los socialistas y además, no es aforada.

En definitiva, concluyen, la querella refleja unos hechos delictivos que deben ser investigados y será el Tribunal de Madrid el que deba decidir cuando poner los hechos en conocimiento del Tribunal competente que podría ser el Tribunal de Justicia de Valencia o el Tribunal Supremo.

Los indicios de delito contenidos en el auto contra altos dirigentes del PP valenciano

"La querella y el cualificado informe de la UDEF que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial es el que resulta competente. Ambos documentos ponen de manifiesto unas presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras".

"La reiteración, contundencia y los argumentos expuestos en el informe policial permiten apuntar y valorar la necesidad de un único procedimiento penal. Todo ello porque los presuntos delitos se cometen en el seno y cumpliendo los fines de una organización delictiva, por lo que la fragmentación procesal propiciada por la existencia de distintas personas aforadas podría ser perjudicial".

"La financiación irregular de un partido político en sí misma considerada no es constitutiva de delito, sino que para que lo sea debe cometerse en las campañas electorales y deben cumplirse los demás requisitos del delito. Ahora bien, ello no es óbice para que con motivo de esa irregularidad, que pudiera ser administrativa y no penal, se puedan haber cometido otras infracciones tipificadas como delitos de falsedad, fiscales u otros".

Un año de caso Gürtel

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