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Viernes, 15 de Noviembre de 2019

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Madrid envía a los tribunales valencianos la presunta financiación ilegal del PP de Camps

El TSJM estima parcialmente el recurso que, sin embargo, no consigue evitar que la parte de la trama Gürtel que afecta a Camps sea investigada

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP que, sin embargo, no consigue evitar que la parte de la trama Gürtel que afecta a Camps sea investigada en aquella comunidad autónoma.

Los magistrados se basan en una cuestión formal para avalar el traslado de la causa. Según el auto, "la condición de aforados de alguna de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante para la inhibición. Los magistrados añaden que jamás se podría tomar declaración en Madrid como imputados a aforados de otra comunidad autónoma ni practicar actuaciones a sus espaldas".

La decisión del alto tribunal supone un nuevo varapalo para los intereses del Partido Popular que por todos los medios a su alcance ha intentado que el juicio contra Camps se quedase sólo en el capítulo de la recepción de los trajes.

Ahora los tribunales valencianos tendrán que investigar la presunta financiación ilegal del PP valenciano y los presuntos delitos de tráfico de influencias que la investigación de la Fiscalía y la policía atribuyen a la cúpula del PP de aquella comunidad.

Presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.

De abrirse proceso para el presidente valenciano por presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio su futuro como candidato vuelve a complicarse.

Ésta es una de las decisiones esperadas por la dirección del PP de Rajoy. Hasta el momento, salvo apoyos puntuales en declaraciones públicas Camps no ha sido designado de manera oficial como candidato a las elecciones en su comunidad.

El tribunal sí da la razón al PP al considerar que no ha traspasado las funciones propias de la acusación particular y en que "quien deberá acreditar si los hechos son o no delictivos deberán ser los órganos judiciales de Valencia".

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