La abogada del autor de la matanza de Tucson quiere que se le juzgue fuera de Arizona

La abogada de Jared L. Loughner, el joven que llevó a cabo la matanza del sábado en Tucson, quiere que éste sea juzgado fuera de Arizona puesto que entre las víctimas mortales del ataque contra la congresista Gabrielle Giffords figura un juez federal y por tanto no confía en la imparcialidad de los magistrados estatales, según el New York Times.

La letrada, Judy Clarke, ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Penales y que trabaja en San Diego, es conocida por haber defendido en el pasado a otros acusados controvertidos como Theodore Kaczynski, más conocido como Unabomber, que se declaró culpable por locura del envío de varias cartas bomba, y del autor de varios atentados con bomba en el sur del país a finales de los 1990 Eric Rudolph. Los dos evitaron ser condenados a muerte y cumplen cadenas perpetuas.

Según el diario, Clarke, que acompañó este lunes a Loughner en su primera comparecencia ante el juez, pretende que el caso sea trasladado a un magistrado de fuera de Arizona puesto que una de las víctimas de su cliente es el juez John M. Roll, del tribunal federal de distrito de Tucson.

La abogada explicó que siente "gran preocupación" por la posibilidad de que algún juez o fiscal de Arizona se encargue de este caso. Según el rotativo, todos los jueces federales de Tucson ya se han recusado a sí mismos para no tener que asumir el caso.

Loughner se enfrenta a dos delitos federales de asesinato y a tres cargos de intento de asesinato, incluido el de Giffords, por su ataque del sábado durante un acto de la congresista demócrata. El acusado compareció este lunes ante un tribunal en Phoenix, capital de estado, con la cabeza rapada y el mono que visten los presidiarios y dijo entender los cargos que se le imputan.

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Durante la vista, el fiscal federal Wallace H. Kleindienst subrayó que el joven es un peligro para la sociedad y advirtió de que existe un riesgo real de fuga por lo que el juez Anderson, encargado del caso, dictaminó que en base a los serios delitos que se imputan y dado que es "un peligro para la comunidad" permanecerá en prisión sin la posibilidad de fianza.

"Buena suerte, señor Loughner", le dijo el juez cuando el acusado era sacado de la sala tras escuchar su decisión. Loughner se enfrenta a la pena de muerte por los cargos que se le imputan, si bien se espera que su abogada opte por argumentar problemas mentales o demencia para conseguir un castigo más indulgente.

Por otra parte, la fiscal del condado de Pima (donde se encuentra Tucson), Barbara LaWall, indicó este lunes que su oficina lanzará su propia acusación contra Loughner por las otras cuatro víctimas mortales de la matanza -entre ellas una niña- y los otros once heridos.

LaWall precisó que no tiene ninguna prisa por presentar cargos a nivel estatal contra el detenido puesto que éste se encuentra bajo custodia federal. "No tenemos jurisdicción exclusiva sobre todas las víctimas que no están cubiertas en la acusación federal", explicó, aclarando que están analizando los pasos a dar para ver si pueden actuar de forma simultánea o tienen que esperar a que concluya la acusación federal.

No obstante, sí indicó que seguirá adelante con el caso a nivel estatal aunque Loughner sea condenado a muerte por un tribunal federal. "Hay otras víctimas que no están cubiertas por el estatus federal y uno nunca sabe cuándo un caso puede ser revocado por un tecnicismo", subrayó.