Economia y negocios

Salgado pide un mejor impuesto para ricos en la próxima legislatura

La vicepresidenta económica del Gobierno ha defendido en su última intervención ante el Pleno del Congreso el carácter temporal de la recuperación del Impuesto de Patrimonio

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, conversa con el presidente del Congreso, José Bono, antes de su intervención en el debate del Decreto Ley que reactivará por dos años el Impuesto de Patrimonio,(EFE)

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto Ley que incluye la recuperación temporal del impuesto sobre el patrimonio para rentas superiores a los 700.000 euros, gracias a los votos favorables del PSOE y al sí 'crítico' de las minorías de izquierdas.

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La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha defendido en su última intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados el carácter temporal de la recuperación del Impuesto de Patrimonio porque espera que en la próxima Legislatura se pueda desarrollar un impuesto que "grave con más capacidad de conocimiento" toda la "capacidad económica" de los contribuyentes más ricos y no sólo su patrimonio.

Durante el debate de convalidación del decreto que recupera exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012 esta figura fiscal, limitándola a los patrimonios superiores a los 700.000 euros, Salgado ha defendido que el objeto a corto plazo es "reforzar la estabilidad presupuestaria y la equidad".

En este sentido, ha admitido que con este decreto el Gobierno "matiza de manera importante" su propia decisión de suspenderlo en 2008, pero ha indicado que ni las circunstancias económicas son las mismas ni tampoco se recupera el tributo con la misma amplitud.

Salgado ha remarcado que no se introducen "modificaciones sustanciales" en la estructura del tributo, sino que se incrementa de manera significativa el límite de exención por vivienda a los 300.000 euros como el mínimo exento de los patrimonios. "Juzguen sus señorías las cuantías de las que estamos hablando", ha indicado, asegurando que se destina a un "número muy reducido de contribuyentes", 161.000, según sus cálculos.

Despedida de sus apoyos parlamentarios

Asimismo, ha recalcado que la norma no afecta a la autonomía financiera de las comunidades ni a las compensaciones previstas en la Ley Orgánica de Finalización Autonómica (LOFCA), ante la "imposibilidad" de modificarlo por un mero decreto.

En cualquier caso, Salgado, que ha abandonado el hemiciclo antes de acabar el decreto para participar en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 y en las asambleas del FMI y del Banco Mundial, ha cerrado una breve intervención de apenas un cuarto de hora, despidiéndose de los diputados con los que ha trabajado a lo largo de la Legislatura y en especial "de aquellos que han sido capaces de levantar la vista de lo inmediato" y apoyar planteamientos "difíciles pero muy necesarios" en esta situación de crisis.

En cualquier caso, no ha habido sorpresas en las posiciones de los grupos y así ERC, IU, ICV, BNG y NaBai han avanzado su 'sí', mientras el PNV ha confirmado su abstención. PP, CiU, UPN y CC han expresado su rechazo a apoyar la norma, aunque no han precisado si esto se traducirá en un voto en contra.

El PP denuncia la "dudosa equidad"

Así, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha lamentado que la Legislatura cierre "con un acto anacrónico" como recuperar Patrimonio en lugar de firmando el decreto de prórroga de los Presupuestos "con un escenario realista". "Nos trae sólo guiños electorales con baja capacidad recaudatoria y muy dudosa equidad", ha denunciado, asegurando que el debate fiscal está en "otra parte".

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha criticado la actitud "poco seria y rigurosa" del Gobierno con sus contradicciones internas y su gran dosis de "demagogia, electoralismo, oportunismo e incluso populismo" al intentar dividir a la sociedad entre "ricos y pobres". "Ahí no nos van a encontrar", ha remarcado.

El representante del PNV, Pedro Azpiazu, considera que el tributo se ha "pervertido" para convertirlo en un arma electoral con el que Rubalcaba pueda desmarcarse de Zapatero y, pese a su abstención, ha criticado al Gobierno por "hacerlo bastante mal", generando confusión entre las comunidades por aprobar esta medida "con complejos y miedos", al situarlo en un espacio temporal de dos años.

La izquierda da un sí crítico

El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha resumido el "triste balance" de esta legislatura afirmando que "los que más pagan son los que menos tienen". "Quizá por ello, a cuatro días de las elecciones, se resucita este impuesto como Lázaro, en un intento desesperado y con intereses puramente electoralistas", ha indicado, recordando que el "auténtico veneno" es el fraude fiscal.

La diputada de ICV Nuria Buenaventura ha calificado la medida de "gran parche", aunque ha mostrado su satisfacción de que, al menos en el último Pleno de la Legislatura, haya podido votar a favor de una iniciativa del Gobierno.

El diputado del BNG Francisco Jorquera y la de NaBai, Uxue Barkos, han criticado la medida por "insuficiente y tardía", pero han admitido que es necesaria, por "tímida" que sea y aunque no suponga de ninguna forma la "reforma fiscal integral". La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha lamentado la ausencia de Rubalcaba.

Por último tanto la representante de CC, Ana Oramas, como la de UPN, Sagrario Guinduláin, han criticado que la medida se tome a espaldas de las comunidades -aunque la diputada navarra ha precisado que la suya la aplicará en cuanto la hagan las demás- y su impacto en la actividad empresarial, por lo que ambas le han negado su voto favorable.

Se recupera la tasa para 2011 y 2012

El impuesto, que aportará unos 1.085 millones de euros, se restablece exclusivamente para los años 2011 y 2012, por lo que las declaraciones tendrán que presentarse y realizarse en los años 2012 y 2013. El Gobierno calcula que los nuevos parámetros del tributo afectarán a un total de 160.000 contribuyentes.

La liquidación extra de 1.085 millones irá a las comunidades autónomas que, hasta ahora, recibían una compensación por la supresión del Impuesto a través de la nueva ley de financiación autonómica que entró en vigor este año y que incluía una partida de 2.100 millones destinada a este fin.

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