Los municipios asfixiados: de los recortes de personal al apagado de farolas

Con las arcas municipales bajo mínimos y limitada o nula capacidad para endeudarse, la mayoría de los ayuntamientos ha anunciado drásticos ajustes y recortes de personal, a los que han sumado medidas imaginativas como la restricción del alumbrado público o la subida de las tasas por celebrar bodas.

A la vez que aplican la tijera, muchos de ellos están haciendo uso de los 3.400 millones de la línea de crédito que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto a su disposición para que puedan pagar las deudas que mantienen con los proveedores.

El Ministerio de Economía, por su parte, está recibiendo estos días una remesa de cartas de ayuntamientos gobernados por el PP para pedir al Gobierno que amplíe a diez años el plazo en el que los municipios deberán devolver a las arcas estatales 6.000 millones de euros de las entregas a cuenta en los ejercicios 2008 y 2009 al haberles salido negativas las liquidaciones.

Hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó en su reciente asamblea, y lo hizo por unanimidad, una resolución en ese mismo sentido.

Mientras, muchas corporaciones han avanzado planes de ahorro que no son anecdóticos y en un futuro no muy lejano tendrán su reflejo en las tasas de paro municipales, ya que no son pocas las administraciones que no renovarán a su término los contratos del personal interino o eventual.

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O que disolverán los organismos municipales autónomos para integrarlos en las concejalías, como el ayuntamiento de Lleida; o que no seguirán sufragando sus televisiones locales, como en el caso de Onda Jerez Radio y Televisión, del canal TVO de Ontinyent (Valencia) o de la ya extinta "Ocho Televisión" de Cuenca.

Incluso medidas tan llamativas como la del Ayuntamiento de Valencia de suspender su tradicional Mostra cinematográfica.

Aun con recortes, hay ayuntamientos como el de Cacabelos (León) que advierten de que no podrán hacer frente a las próximas nóminas de sus trabajadores, y otros que llevan ya hasta seis meses sin cobrar, según denuncian los empleados municipales de Valverde del Camino (Huelva).

Son muy diversos los programas de saneamiento de las cuentas municipales y varios los que han incluido medidas para recortar su elevadísima factura eléctrica.

Toledo ha decidido reducir el alumbrado por zonas en lugares públicos, mientras que Logroño adaptará los horarios de encendido y apagado de las farolas al calcular que media hora menos de luz puede suponer una diferencia en la factura eléctrica de 200.000 euros.

Las dificultades de muchos consistorios para hacer frente al recibo de la luz ya han dado lugar a apagones inesperados, como el sufrido este mismo mes por dos polideportivos y una biblioteca de Albacete, que tuvieron que cerrar sus puertas al cortar Iberdrola el suministro por impago.

Pero el tijeretazo más doloroso que están realizando los municipios es la reducción del personal público, como es el caso del consistorio de Mérida, donde en sus primeros cien días de gobierno el nuevo equipo municipal ha eliminado 272 puestos de trabajo municipales.

Prejubilar a 98 empleados de más de 62 años es la decisión adoptada por los responsables municipales de Benidorm para recortar gastos, en tanto que los de Puertollano no renovarán a sus trabajadores eventuales, pero también subirán las tasas de las instalaciones deportivas y culturales y reducirá las subvenciones a colectivos vecinales, asociaciones y fundaciones.

Precisamente, la subida de las tasas municipales se ha convertido en una iniciativa recaudadora recurrente y afectará hasta a las bodas.

Lleida, por ejemplo, ha decidido cobrar entre 100 y 200 euros por celebrar matrimonios en su salón de plenos, un servicio que hasta ahora era gratuito, y las parejas abulenses deberán pagar 25 euros.

El ayuntamiento de Ávila espera conseguir además otro pellizco organizando por vez primera bodas en la muralla de la ciudad, por lo que cobrará 350 euros a los foráneos y la mitad a los vecinos de la localidad.

Las fiestas tradicionales no han escapado a la tijera, como las de Elche, que este año han recibido 1,8 millones de euros menos, una localidad en la que los funcionarios municipales renunciaron a sus uniformes de verano para ahorrar.

Además, los operarios del consistorio han asumido el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado tras haberse anulado el contrato con la empresa adjudicataria.

Rebajar a la mitad el presupuesto en protocolo y publicidad, reorganizar el organigrama municipal y suprimir coches oficiales y seguros médicos privados de los anteriores concejales de gobierno son algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de A Coruña.

El ayuntamiento de León gasta 55.000 euros al mes en llamadas de teléfono desde fijos y móviles y suma una deuda total de 800.000 euros con la empresa Telefónica, una cantidad que el consistorio ha acumulado durante los últimos tres años.

Por eso, se va a restringir el servicio a algunos empleados municipales, de forma que éstos puedan recibir llamadas pero no realizarlas, y se contratará tarifa plana con Telefónica para ahorrar en cada llamada.

Y así hasta un sinfín de medidas imposibles de enumerar, de las que prácticamente no se libra ninguno de los 8.116 ayuntamientos españoles.