Un cura casado defiende en Estrasburgo que la Iglesia española vulneró su intimidad al despedirle

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará este martes si la Iglesia española ha vulnerado los derechos de libertad ideológica y de expresión de un cura casado de Cartagena, que apareció en la fotografía de un periódico.

Durante seis años, José Antonio Fernández, dio clases de religión en su condición de cura casado y con cinco hijos, mientras esperaba que la Iglesia le concediera la dispensa del sacerdocio. Sin embargo, no fue hasta su aparición en prensa en una reunión del movimiento procelibato opcional cuando el Obispado de Cartagena le despidió de modo fulminante.Una decisión que el demandante considera arbitraria e hipócrita, puesto que su situación personal era conocida con anterioridad por la Iglesia, sin que eso hubiera supuesto un problema para poder impartir la asignatura de religión.

Hoy, a la salida de la vista oral, y en declaraciones a la Cadena Ser, Fernández aseguraba que "lo sabía el obispado, lo sabían mis alumnos, los profesores y los padres del colegio. ¿Quién más tenía que saber una condición que yo nunca negué?. Ahora ya estoy jubilado y no puedo pedir la reincorporación al puesto, pero sí quiero que se reconozca que fue un despido nulo y que se me puedan restituir los años que no pude trabajar".

La Iglesia reclama su derecho a decidir la idoneidad moral de los profesores

En España los profesores de religión son contratados por el Estado pero previa autorización de la Iglesia Católica que decide sobre la idoneidad moral de los candidatos al puesto. Esa potestad, recogida en los en los acuerdos entre España y la Santa Sede, es en la que se basa la Conferencia Episcopal española que se ha personado en el caso. En su momento, el Obispado de Cartagena argumentó que la situación personal de José Antonio Fernández podía herir la sensibilidad de muchos padres de familia católicos.

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El fallo del Tribunal Europeo de Derechos humanos, que se conocerá en unas semanas, sentará jurisprudencia y tendrá plenos efectos en el estado español de modo que, una eventual resolución favorable al demandante, sería determinante para los numerosos recursos por despidos nulos presenados por profesores de religión en nuestro país.