La cúpula del PSOE de Melilla, imputada por seis delitos en el 'caso del voto por correo'

El Juzgado nº 4 de Instrucción, encargado del llamado 'caso del voto por correo', ha separado en varias piezas la instrucción, y en la primera de ellas, ha citado como imputados a varios dirigentes que forman la cúpula del PSOE melillense.

Delito de tráfico de influencia, al influir sobre diversos funcionarios públicos encargados de la realización de tareas relacionadas con la selección del personal a contratar en los puestos de trabajo en los planes de empleo.

Delito de obstrucción a la justicia y falsedad documental, por dificultad la investigación penal mediante contestaciones falsas en los requerimientos judiciales. Y falsedad documental ya que se facilitan datos falsos por partes de los distintos organismos.

Delito de malversación de caudales públicos, por el desvío de las cantidades económicas que debiera haberse dado a las subvenciones públicas, hacia personas que habían votado en las elecciones generales del 2008, a la coalición PSOE-CPM, así como a simpatizantes, militantes.. y asciende el montante económico para los tres planes de empleo a 26.572.988,04 euros.

Delito de fraude, el auto del juzgado indica que la finalidad de todas las irregularidades y delitos cometidos no era otra que obtener cientos de votos en los comicios generales de marzo del 2008 a cambio de puestos de trabajo en los planes de empleo, debiendo para ello los autores de los delitos concertarse con los interesados para que les votaran por correo a cambio de dichos puestos de trabajo para ellos o algún familiar, defraudando de esta forma al ente público que concedía estas subvenciones.

Entre los imputados se encuentran José Fernández Chacón, exdelegado del Gobierno en Melilla en el 2008. Gregorio Escobar, era el candidato en dichos comicios, fue más tarde delegado del Gobierno y es el actual secretario general del Partido Socialista. Ana Isabel Mansilla, directora de la Unidad de promoción y Desarrollo, entidad necesaria para la gestión de los contratos, y más tarde fue nombrada por Gregorio escobar secretaria general de la delegación del Gobierno. Felipe Gimera Bruna, exsubdirector general de Promoción y Empleo. Javier Alfaya, exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. Dionisio Muñoz Pérez, exsecretario general del PSOE Melilla y actual diputado en la Asamblea. Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla, partido que comparecía en dichos comicios en Coalición con el PSOE Joaquín Arana, responsable del Servicio Público de Empleo en Melilla.

Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, año en el que en coalición Partido Socialista y Coalición por Melilla, acuden a las elecciones generales. Tras una denuncia del Partido Popular se incoaron en el juzgado diligencias previas para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente contra la administración pública.

La denuncia surge a partir de que se conoce la remisión en masa a cientos de ciudadanos de unas cartas falsas relacionadas con el Servicio Público de Empleo y la inminente puesta en marcha de los Planes de empleo.

Según el auto del juzgado, la investigación pone de manifiesto "indiciariamente" la existencia de un entramado formado por diversas personas que pretendían la obtención ilegítima de votos a favor de la coalición PSOE CPM. La solicitud del voto se hacia "mediante dádivas promesas o remuneraciones directas, consistentes en la promesa de un puesto de trabajo en los planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno". Por lo tanto con su voto debían apoyar la candidatura del Partido Socialista para asegurar un delegado del gobierno de esa formación que controlase mas tarde la selección de admitidos para dichos trabajos.

El auto desvela que la emisión de cartas falsas querrían alcanzar el efecto llamada confirmando las promesas realizadas al "objeto de otorgar preferencia a las personas que votaron a dicha coalición o a quienes prestaron servicio para la misma".