El Gobierno argentino replica que no pagará por YPF lo que reclama la petrolera Repsol
El ministro de Planificación ha dicho que el Gobierno además contempla en la cifra final los "daños ambientales" y la "pérdida de productividad" de la filial
El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, ha afirmado este martes que la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, "tendrá que pagar" por supuestos daños ambientales en el país porque, dijo, "el medio ambiente no se rifa y tiene precio".
"Hablamos con cada uno de los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales que hicieron (desde la compañía)", ha afirmado De Vido durante la exposición en el Senado sobre el proyecto gubernamental para expropiar el 51% de las acciones de la compañía.
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El ministro ha señalado que "el costo de la empresa" va a haber que "conversarlo" porque "los señores gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer" en torno al funcionamiento de la mayor empresa del país sudamericano. "En (la provincia de) Mendoza dejaron un desastre en infraestructura de producción. Esto tiene su costo y lo van a tener que pagar porque el medio ambiente no se rifa y tiene precio", subrayó De Vido al defender el proyecto de expropiación anuncio el lunes.
El ministro ha dicho, además, que el Gobierno se acogerá al proyecto de ley que se debate en comisiones del Senado, que establece que el Tribunal de Tasaciones fijará el precio de la compañía.
Por su parte, Repsol cifró en 10.500 millones de dólares su participación del 57,43% en su filial argentina, a la que otorga un valor total de 18.300 millones de dólares en virtud de la Ley de Privatización y Estatutos de YPF. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó este lunes la intervención inmediata de la petrolera YPF y envió al Congreso el proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la compañía en poder de Repsol.
Apenas unos minutos después del anuncio de la mandataria, transmitido en cadena nacional, funcionarios argentinos se presentaron en la sede de la petrolera y expulsaron a sus ejecutivos. La empresa quedó ahora bajo el control de De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. El proyecto declara de interés "público nacional" el sector de los hidrocarburos, y señala que la valoración de la compañía dependerá del gubernamental Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.
