Sociedad
ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID

Expertos juristas recuerdan que la Constitución ampara el secreto profesional de la periodista Pilar Velasco

Ignacio González insiste en imputar a la periodista de la SER

Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insistido este viernes a través de sus abogados en requerir a la periodista de la Cadena SER, Pilar Velasco, que revelase quién le proporcionó el vídeo del supuesto espionaje al político madrileño, durante su declaración como imputada en un juzgado de Madrid. Expertos juristas y catedráticos de derecho penal consultados por la Cadena SER coinciden en que la Constitución ampara el derecho del periodista al secreto profesional y por tanto, a no revelar sus fuentes, "en cualquier estado procesal" y "más aún" estando imputado.

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El catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt, es contundente al respecto. Recuerda que "la Constitución prohíbe expresamente" que "se fuerce a revelar sus fuentes" a un periodista imputado. Queralt dice que "lo contrario" puede ser constitutivo de un "apremio ilegítimo". "Y no hay excepción", añade el catedrático de derecha penal, "ni en estado de sitio o de excepción". "Bajo ninguna condición", concluye.

Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Rafael de Mendizábal, incide en que el secreto profesional del periodista, tal como figura en el artículo 20 de la Constitución, "es un derecho absoluto" y puede alegarse "sea cual sea" el delito y la posición procesal del periodista, a quien "le cubre en todo momento". El exmagistrado del Constitucional dice que "lo mismo que se le exige veracidad" al periodista -como sucede en este caso, en el que hasta la acusación ha admitido que la información era veraz-, también "se le protege para que no esté obligado a desvelar la fuente y pueda blindarse ante cualquier intento por revelarla".

Y el catedrático de derecho penal de la Universidad de Alcalá, Esteban Mestre, insiste en que la periodista "no puede ser forzada" a revelar sus fuentes y que está amparada por "el derecho a guardar silencio". Recuerda que el imputado "es el dueño absoluto" de "todos los términos" de su declaración.

 
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