El gobierno de Aragón afirma que garantizará el aborto como prestación pública
El Gobierno aragonés dice que buscará acuerdos con clínicas de otras comunidades y que utilizará medios propios para mantener el servicio público y gratuito del aborto.
Tras la decisión de las dos clínicas privadas de suspender el servicio gratuito por las deudas de la administración y la falta de presupuesto, el gobierno de Luisa Fernanda Rudi se compromete a garantizar la continuidad de la prestación pública. El Ministerio de Sanidad le llamó la atención y le recordó que el aborto es una prestación incluída en el Sistema Nacional de Salud que debe cubrirse en todas las comunidades. El PSOE pide la comparecencia en el Congreso de la ministra Mato para que de explicaciones.
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El Gobierno de Aragón asegura que médicos de hospitales públicos se han ofrecido a lo largo del día para realizar las interrupciones voluntarias del embarazo y anuncia que su intención es prestar el servicio con medios propios del sistema público, lo que "será mas economico" para la administración. También busca acuerdos con clínica acreditadas de comunidades limítrofes para derivar a las mujeres y evitar que tengan que pagar por la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta es su respuesta después de que las dos clínicas que prestan este servicio en Aragón desde hace quince años, Actur y Almazora, decidieran hoy suspender el servicio público y gratuito por la deuda de 800 mil euros que acumula el gobierno autonómico que, tras meses de negociación, no les ha ofrecido una salida viable. Las clínicas afirman además que no hay ninguna partida en los presupuestos de 2012 para financiar los dos mil abortos que se realizan anualmente en Aragón. Y añaden que están en una situación de asfixia económica, por lo que no pueden seguir con el concierto.
El Ministerio de Sanidad le ha recordado al Gobierno de Aragón que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud que debe cubrirse en todas las comunidades del país.
El PSOE pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad Ana Mato para que explique el caso de Aragón y para que aclare "que medidas piensa adoptar para hacer cumplir la Ley a las comunidades autónomas que incumplen e impiden a las mujeres ejercer sus derechos". "Muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP están dejando sin efecto la ley de salud sexual y reproductiva e IVE al dificultar su aplicación efectiva", añade en un comunidado la Secretaria de Igualdad Purificación Causapié.
