Gabriela Bravo (CGPJ): "No me constan irregularidades" en la gestión de Dívar
La portavoz del Poder Judicial añade que ella no se encarga de fiscalizar las cuentas del presidente de este organismo, en sospecha por cargar a cuenta del erario público viajes privados a Puerto Banús
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se ha pronunciado esta mañana sobre la denuncia por presunta malversación contra el presidente de este organismo, Carlos Dívar, que investiga la Fiscalía del Supremo.
Detalle de gastos de la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar
Detalle de gastos de la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar
Bravo ha abogado por la "cautela y prudencia" hasta que se pronuncie el fiscal y ha manifestado que no iba a "anticipar escenarios ni consecuencias".
La portavoz del Poder Judicial ha admitido que se trata de un tema que "preocupa al Consejo", y en este sentido ha reconocido que en las últimas horas se han producido reuniones entre distintos vocales del CGPJ "para valorar" la situación.
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Gabriela Bravo ha dicho que el Poder Judicial "siempre ha apostado por el máximo rigor presupuestario y por la austeridad" y ha eludido posicionarse al ser interpelada respecto a si ponía la mano en el fuego por Carlos Dívar: "No se trata de dar apoyo o no", ha dicho la portavoz del Consejo.
Bravo ha añadido que "no me consta que en los tres años de mandato se haya producido algún tipo de irregularidad" en la gestión de Carlos Dívar, aunque también ha aclarado que ella no se encarga de fiscalizar las cuentas y que no ha visto los documentos objeto de polémica.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha dicho que el presidente "desde el primer momento hizo público un comunicado en el que explicó con precisión" los hechos. Para Bravo, Carlos Dívar "fue lo suficientemente claro y exhaustivo".
La investigación contra Dívar surgió después de la denuncia ante la Fiscalía del vocal del mismo consejo, José Manuel Gómez Benítez, quien le acusó de un delito de malversación por cargar a las arcas públicas, supuestamente, casi 13.000 euros de 20 viajes privados a Puerto Banús.
