El PP dice que "España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, ha explicado que los convenios sanitarios que tendrán que suscribir los inmigrantes sin papeles para poder recibir asistencia en la Sanidad pública española tienen como finalidad que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal".

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En rueda de prensa en la sede del PP, Hernando ha señalado que "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente en España. Este país no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la UE y en esto coincido con algunas reflexiones que hicieron en el seno del anterior gobierno", ha reflexionado. En su opinión, "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países. Dicho esto, ninguna persona que esté en nuestro país, sea inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de urgencia y eso es muy importante", ha apostillado.

Hernando considera que España debe tender a lo que sucede en otros países de la UE, como Alemania, "donde cualquier inmigrante que llegue a ese país sea legal o ilegal y no tenga la tarjeta sanitaria europea tiene que contratar un seguro médico". Por ello, insiste en que "hay que intentar ir homologando las políticas comunitarias en todos los aspectos y España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal". Los inmigrantes legales, ha puntualizado, tienen el acceso a la sanidad a la educación y al conjunto de derecho de los que gozan el resto de españoles.

Rechazo de las asociaciones sanitarias

Josep Basora, Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria califica la medida de irracional: "Estamos hablando de una población que no tiene acceso al trabajo, de una población con un fuerte componente de exclusión social y, por tanto, de marginación. Es difícil pensar que estas personas puedan pagar 710 ¤ al mes, o el doble en el caso de que estén jubiladas, por tanto me parece una medida irracional en el caso de su puesta en práctica". Basora, recuerda, que ya son varias las comunidades que se niegan a dejar a los extranjeros irregulares sin derecho a la sanidad pública y que el registro de objetores, que ha puesto en marcha su sociedad científica, cuenta ya con más de 900 médicos de primaria inscritos.

Desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, su portavoz, Marciano Sánchez Bayle ve una doble intencionalidad en esta medida por parte del gobierno: "fomentar el aseguramiento privado, porque las cuantías son similares a los de las compañías de seguros, y levantar una cortina de humo para que la sociedad piense que el ministerio está haciendo algo para solucionar el problema de los inmigrantes irregulares que se quedarán sin tarjeta sanitaria a partir de septiembre".

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