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La UE acepta suavizar el objetivo de déficit de Portugal para este año

Portugal tendrá un año más para reducir el déficit al 4,5%, que será el objetivo de 2013, en tanto que en 2014 deberá reducirlo al 2,5%

La Unión Europea ha aceptado suavizar en medio punto, del 4,5 % previsto en el acuerdo de rescate al 5%, la meta de Portugal de déficit fiscal para este año, por los problemas que atraviesa la economía nacional, ha anunciado el gobierno luso.

El ministro de Finanzas, Vitor Gaspar, ha anunciado el nuevo objetivo de déficit y ha inforamado de que ha sido positiva la quinta evaluación de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la marcha del programa de ajustes del país. Con la aceptación de la UE, Portugal tendrá un año más para reducir el déficit al 4,5%, que será el objetivo de 2013, en tanto que en 2014 deberá reducirlo al 2,5%.

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El ministro afirma también durante una rueda de prensa que se exigirán más "sacrificios tributarios" y reducciones del gasto público para poder cumplir tanto la meta de déficit de este año como de 2013, la cual supondrá un esfuerzo de ahorro de 4.900 millones de euros respecto a los presupuestos de 2012. Gaspar señala que las nuevas metas de déficit no implican ninguna alteración del paquete financiero de ayuda a Portugal, concedido en mayo de 2011 y de un total de 78.000 millones de euros.

El ministro justifica la flexibilización del objetivo de déficit por el aumento del desempleo en el país (que supera el 15%), la situación de su economía (con una recesión del 3,3%) y la adversa coyuntura internacional. Hay "riegos catastróficos" y una "situación difícil y peligrosa" que impiden un alivio de la austeridad, subraya. "El momento es muy grave y solo conseguiremos superarlo -añadió- si cada Estado miembro y Europa, en su conjunto, saben dar la respuesta adecuada".

Entre otras medidas, Gaspar confirma un cambio de los tramos de tributación del impuesto de la renta, nuevos recortes del gasto del Estado, reducciones de funcionarios y de sus conceptos de retribución. Además habrá nuevas privatizaciones de entidades y empresas estatales, subida de los impuestos de inmuebles y rendimientos de capital así como criterios más exigentes para los subsidios sociales y de desempleo.

 
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