El Código Penal castigará con cárcel la difusión de imágenes íntimas y el matrimonio forzado

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto del futuro Código Penal que implanta dos figuras desconocidas hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico: la prisión permanente revisa le y la custodia de seguridad. El Ministerio de Justicia ha incorporado modificaciones a instancias de Sanidad para la protección de mujeres y menores. De esta forma se tipifican, entre otros, el delito de matrimonio forzado.

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El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo Código Penal que ha incluido a última hora modificaciones de calado a instancias de los Ministerios del Interior y de Sanidad. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha introducido modificaciones respecto al decomiso de las sustancias intervenidas en el marco de operaciones judiciales con la vista puesta en el último robo de droga que se registró en Cádiz.

El departamento de Ana Mato se ha centrado en las mujeres y en los menores. El nuevo Código Penal incluye cuatro nuevos delitos. El acecho y hostigamiento a la mujer acarreará hasta dos años de cárcel y contempla, por ejemplo, la vigilancia o la reiteración de llamadas a la mujer. El matrimonio forzado lleva aparejado tres años de privación de libertad. Una pena que se agrava en el caso de abandono del país. La manipulación de los sistemas telemáticos que alejan a la víctima de su agresor también se penalizan con hasta 12 meses de multa y, por último, a propósito del caso de la concejal, Olvido Hormigos, se penará con hasta un año de cárcel a quien divulgue un vídeo íntimo de otra persona sin su consentimiento.

Estatuto de la víctima

Justicia también ha presentado el Estatuto de la Víctima que contará con una protección reforzada para el caso de menores y que incluirá un apartado dedicado a las víctimas de catástrofes aéreas y del resto de servicios de transporte masivos. Las víctimas tendrán que ser informadas de la puesta en libertad de su agresor y oídas en casos excepcionales pero su opinión no será vinculante.

La vicepresidenta se resiste a aclarar si el Gobierno comparte las palabras de Wert

Soraya Saénz de Santamaría ha echado balones fuera ante la insistencia de los periodistas que le han preguntado hasta en media docena de ocasiones si el Gobierno quiere "españolizar a los alumnos catalanes", como dijo ayer el ministro de Educación y Cultura. La vicepresidenta ha argumentado que el Gobierno está para velar por los intereses individuales de los ciudadanos y que la misión de la educación es que los alumnos salgan con el mejor conocimiento posible de la realidad de España, en general, y de su Comunidad, en particular.

Sobre la reprobación del PSOE a Wert y la petición de dimisión, la vicepresidenta ha recordado a los socialistas que la Educación es una cuestión de Estado.

Permisos y retribuciones a los jueces

El Gobierno también ha aprobado la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica los permisos y las retribuciones a los miembros de la carrera judicial. Se ha incluido un catálogo de enfermedades profesionales, los días de permiso se reducen de dieciocho a doce y no a tres como se había dicho en un principio y, además, las sustituciones serán voluntarias y las retribuciones por este motivo se aumentarán de forma notable pasando a ser de 2.400 euros netos de media. El objetivo ha dicho Alberto Ruiz Gallardón es el de la "profesionalización de la Justicia". Por ello, ha revelado además, que se convocarán oposiciones para 50 jueces y fiscales.

Telegrama a Alberto Ruiz Gallardón

Gallardón: "Hasta un año de prisión para la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas"

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