El capitán del 'Prestige' culpa del vertido a las "autoridades marítimas españolas"

En su intervención, el letrado, que rechaza la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió "dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos constitucionales. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente un juicio "justo".

En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la sala que enjuicia la catástrofe marítima del 'Prestige' la admisión de un informe pericial elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela que eleva a 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe en España.

Inicialmente, la Fiscalía había evaluado los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.

No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", según ha precisado la Fiscalía.

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En principio está previsto que el juicio se prolongue hasta finales de mayo de 2013, pues los interrogatorios a los acusados no se iniciarán hasta el 13 de noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario del siniestro.

Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Manguras, de 77 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia; los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.

En el banquillo de los acusados también se sentará José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.

La Fiscalía sólo pide penas de cárcel para el capitán del buque, aunque las acusaciones particulares ejercidas por diversos colectivos reclaman prisión para todos los imputados, con condenas que van desde los 4 a los 9 años.

También están imputados como responsables civiles directos la aseguradora 'The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited' y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 2.233,76 millones, aunque al comienzo de la vista oral la Fiscalía presentará una prueba pericial elaborada por una experta de la Universidad de Santiago que eleva la cuantía a 4.000 millones y que deberá ser valorada por el tribunal.