El descontento con Wert llega a las filas del PP

Ministerio y comunidades autónomas se reúnen hoy para debatir el anteproyecto de ley en la Conferencia Sectorial de Educación. Al rechazo explícito de Cataluña, País Vasco y Andalucía por el recorte de competencias autonómicas y la segregación elitista del alumnado, se suma el descontento soterrado de los consejeros populares. Fuentes del PP consultadas por la SER admiten desconcierto y malestar porque el ministro no les ha tenido en cuenta en una reforma con "lagunas técnicas" y en la que algunos sectores echan de menos apuestas básicas del partido en materia educativa. Educación niega disensiones en el seno del PP y añade que el diálogo con las autonomías es fluido y cordial

Tras el conflicto abierto con padres, profesores y estudiantes, la polémica por la gestión del ministro Wert amenaza con propagarse por las propias filas del PP. Para empezar no ha sentado bien entre los consejeros autonómicos el "ninguneo" del ministro en la tramitación de un anteproyecto de ley que conocieron antes por los medios de comunicación que por el propio ministerio y que Educación les envió apenas unas horas antes de llevarlo a Consejo de Ministros el pasado 21 de septiembre.

Desde entonces han tenido poco más de un mes para presentar alegaciones a un texto cuya tramitación, según las fuentes consultadas por la SER, se considera "precipitada y técnicamente mejorable". Y es que cunde la sensación de que el ministerio quiere aplicar el "yo me lo guiso, yo me lo como" en la reforma educativa relegando a las comunidades autónomas (que tienen las competencias de gestión educativa) al papel de convidadas de piedra, en un mero trámite de consultas para dar una apariencia de diálogo y consenso que hasta ahora ha sido más bien escaso.

Dudas técnicas y preocupación por el "marrón organizativo" que traslada la reforma

Algunos sectores del PP también se sienten defraudados con un texto al que le ven "lagunas técnicas" que pueden trasladar un auténtico "marrón organizativo" a las autonomías y que no incluye algunas apuestas básicas del partido como la libre elección de centro y modelo educativo mientras se mantienen otras cuestiones como la posibilidad de pasar de curso excepcionalmente hasta con tres suspensos. Los sectores del PP más beligerantes con la asignatura tampoco están satisfechos con el mantenimiento de Educación para la Ciudadanía en el currículum de Secundaria, aunque la reforma ha suprimido aquellos aspectos que, según Wert, eran susceptibles de "adoctrinar ideológicamente a los alumnos".

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Algunas comunidades muestran también su preocupación sobre cómo se articularán las nuevas reválidas (obligatorias y comunes para todos los alumnos) y sobre todo quién y con qué dinero se pagarán esas pruebas, máxime en una época de recortes en la que el ministerio reduce también los contenidos curriculares que podrán fijar las autonomías.

Las dudas se extienden en algunos casos al sistema de reválidas propuesto por el ministerio, tanto por el excesivo número de exámenes al que se someterán los alumnos (en 3º y 6º de Primnaria, al término de la ESO y al final del Bachillerato) como por el hecho de que suspender las pruebas de ESO y Bachillerato impida la obtención del título correspondiente.

Rechazo de los Consejos Escolares de Andalucía, País Vasco y Canarias

Al descontento en las filas del PP, de momento sólo expresado en privado y a nivel interno, se suman las críticas explícitas del resto de gobiernos autonómicos. Tras la agria polémica por las palabras de Wert en el Congreso sobre "el interés de españolizar a los alumnos catalanes", tanto Cataluña como País Vasco volverán a oponerse hoy a la decisión del ministerio de aumentar del 55 al 65% los contenidos que fijará el estado en las comunidades con lengua co-oficial (en el resto pasa del 65 al 75%). Ambos gobiernos reprochan a Wert el diseño de una reforma recentralizadora que no tiene en cuenta el marco plurinacional que consagra la Constitución.

Además, tanto Andalucía como País Vasco y Canarias entregarán hoy al ministro los dictámenes críticos con la reforma de sus respectivos consejos escolares autonómicos (órganos consultivos en los que están representados todos los sectores de la comunidad educativa). Los tres documentos, aprobados por práctica unanimidad, coinciden en su oposición a una reforma que consideran inoportuna, por el momento de crisis económica y riesgo de fractura de la cohesión social que atraviesa España, inconveniente porque no cuenta con el consenso de la comunidad educativa, y segregadora, porque amenaza con expulsar de sistema a los estudiantes con menos recursos, mediante un sistema de pruebas externas que lejos de mejorar el rendimiento sólo funcionará como filtro educativo provocando una "elitización" de la escuela pública, medida con criterios economicistas y no pedagógicos.

La consejera en funciones del País Vasco, Isabel Celaá, pedirá hoy al ministro que "vuelva a la casilla de salida y replantee desde el principio un texto que es segregador, separador, selectivo y que invade competencias autonómicas". Por su parte la consejera andaluza, Mar Moreno, ha señalado a la Ser su intención de trasladar al ministerio un documento con nueve medidas alternativas. "Ningún partido puede afrontar una reforma educativa imponiendo planteamientos políticos de máximos. Es imprescindible dialogar y consensuar y en ese sentido queremos una reforma "a fuego lento", debatida con criterios flexibles y profesionales. Compartimos muchos de los objetivos de la reforma pero discrepamos de las fórmulas planteadas para alcanzarlos. Se puede mejorar pero preservando la equidad y evitando escuelas elitistas donde los alumnos más desfavorecidos sean expulsados por la puerta de atrás".

Educación dice que es una reforma necesaria

Frente a estos planteamientos Educación defiende su reforma como necesaria para combatir los "pésimos índices de fracaso y abandono escolar en España", mediante un sistema de evaluaciones nacionales que aseguren unos mínimos de homogeneidad en los resultados educativos de todos los alumnos españoles, vivan donde vivan. El ministerio, que niega disensiones en el seno del PP, asegura que el texto se está debatiendo con todos los sectores implicados y mantiene su intención de tener un texto definitivo en las próximas semanas para iniciar la tramitación parlamentaria antes de fin de año.