La falta de consenso obliga a Wert a retrasar la reforma educativa

El ministro y las comunidades autónomas se dan un plazo de un mes para volver a reunirse e intentar alcanzar un acuerdo sobre un texto que, según se ha evidenciado, cuenta con el rechazo frontal de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias, y tampoco tiene el respaldo unánime de los comunidades gobernadas por el PP.

Aunque los consejeros populares han negado públicamente malestar o disensiones internas con la reforma educativa del ministro, la conclusión final de la Conferencia Sectorial de Educación evidencia a las claras la falta de consenso en las filas populares en relación a un texto que la mayoría de ellos había censurado por sus lagunas técnicas, su tramitación precipitada y la ausencia de algunas de las banderas ideológicas del PP en materia educativa, como la libre elección de centro, reivindicación clásica de la escuela privada concertada.

La falta de acuerdo ha forzado al ministro a plantear un mes adicional de plazo para "refinar las propuestas y mejorar los aspectos técnicos" en palabras de Wert. Habrá pues una nueva reunión entre ministerio y comunidades a primeros de diciembre. Un hecho que en la práctica tuerce las intenciones de Educación cuyos planes, declarados en varias ocasiones, pasaban por aprobar el texto como proyecto de ley a finales de noviembre en Consejo de Ministros e iniciar la tramitación parlamentaria antes de Navidades. Ahora, en el mejor de los casos, el texto no entraría en el Congreso hasta el mes de febrero, aunque el ministro Wert ha restado importancia a la demora asegurando que "como enero es un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario, tampoco se pierde tanto tiempo".

Sea como fuere, las más de cuatro horas de reunión de la Conferencia Sectorial han evidenciado que el anteproyecto de ley está bastante verde y no desata entusiasmos entre las propias filas del PP, tal y como demuestran las palabras del consejero de Castilla la Mancha, Marcial Marín, que ha actuado como portavoz de los responsables autonómicos populares y que ha señalado que el "texto es mejorable y la ley tiene que salir adelante con el mayor consenso posible".

Entre los aspectos a los que habrá que dar más vueltas, según los consejeros del PP, figura la implantación del sistema de reválidas. Preocupa cómo se organizarán y quien va a pagar esas nuevas pruebas censales para todos los alumnos, además de las consecuencias académicas sobre los alumnos, ya que si se suspenden las de ESO y Bachillerato el alumno no podrá pasar de etapa y tampoco obtener el título correspondiente. Otro punto planteado por varias comunidades pasa por recoger en la ley aspectos relativos a la selección y formación del profesorado, así como flexibilizar las pasarelas entre la FP y posteriores etapas educativas, en lo que parece un claro reproche a las "vías muertas" que introduce el anteproyecto de ley y que impiden sobre el papel a los alumnos de la FP básica obtener de modo automático el título de la ESO.

Sobre la mesa queda para un posible debate posterior, ya que hoy no se ha abordado, queda la posibilidad de prohibir el derecho a la huelga a los alumnos a partir de 3º de la ESO, y también la modulación del derecho a la libre elección de centro como refuerzo a la escuela concertada que han defendido tanto Castilla la Mancha como Madrid.

La reunión ha dejado también algunas imágenes que han evidenciado la falta de consenso a varias bandas. Por un lado, las cuitas internas del PP, con una comparecencia inédita de los consejeros del ramo en la sala de prensa del ministerio pero evitando coincidir con José Ignacio Wert, que ha salido después a hablar con los medios. Y por otro lado, el rechazo rotundo al anteproyecto del resto de consejeros autonómicos que se han tenido que conformar con atender a los medios de comunicación en los pasillos del ministerio. Tanto Canarias como Andalucía, País Vasco y Asturias han reiterado su oposición frontal a una reforma que consideran segregadora, elitista y un serio ataque a la igualdad de oportunidades en España. Todas han pedido a Wert que retire el anteproyecto y empiece de nuevo con propuestas reales de consenso. Cataluña, por su parte, ha dejado claro que si el texto no da marcha atrás en lo que considera una invasión intolerable de competencias autonómicas, no descarta recurrir en un futuro al Tribunal Constitucional.

El siguiente capítulo se escribirá dentro de un mes.