Jueces y fiscales mantienen las medidas de presión contra el Gobierno

Las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones de fiscales se han reafirmado en sus medidas de presión al Gobierno para hacer frente a sus planes para modernizar la Justicia. Los portavoces han aprovechado la convocatoria para llamara la atención sobre el drama de los desahucios porque los juzgados "se están convirtiendo en oficinas recaudatorias de los bancos".

La Comisión Interasociativa mantiene el pulso contra las reformas del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han insistido en sus peticiones para exigir al Ministerio que reduzca las tasas judiciales mínimas para poder litigar, que aumente las plazas de jueces y de fiscales para hacer frente al aumento de la carga de trabajo, que retire la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a permisos y sustituciones. También solicitan que el titular de la cartera de Justicia se abstenga de reformar el Consejo General del Poder Judicial en los términos que se han venido conociendo en los últimos meses.

Según esta comisión, la ratio de jueces por cada habitante en España está a la cola de los países desarrollados, "compitiendo con Azerbayán o Turquía". Los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado además los datos del Consejo del Poder Judicial que aseguran que apenas el 50% de los juzgados superan la carga de trabajo establecida. Por eso, aseguran que cuando cumplan el horario de audiencias a partir del 2 de noviembre -de sólo 4 horas cada día- la Justicia se va a colapsar y se va a producir una "hecatombe". Insisten en que la huelga no está descartada y que la piedra de toque será el próximo día 23 de noviembre con una concentración frente al Ministerio de Justicia.

Desahucios

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, se ha detenido a analizar el problema de los desahucios. En opinión de esta juez, dedicada a la jurisdicción civil, los juzgados se están convirtiendo en "oficinas recaudatorias de las entidades bancarias que ejecutan los embargos pero no sacan esos inmuebles al mercado a la espera de obtener un precio mejor". Y el ciudadano, ha añadido, "se queda sin casa y tiene que hacer frente a la deuda", por eso, Sáez se ha mostrado partidaria de "imponer tasas judiciales en este tipo de casos".

Únete al canal de WhatsApp de la SER