El Supremo confirma la indemnización de seis millones por el accidente del Yak-42
Condena a la empresa y la aerolínea que organizaron el vuelo a indemnizar a las familias de las víctimas con 6 millones de euros
Madrid
El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de seis millones de euros para las familias de las víctimas del accidente del Yak-42 en mayo de 2003. Reitera la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, que declaró probado que la causa del accidente donde murieron 62 militares españoles fue un intento de aterrizaje técnicamente inadecuado de los pilotos, y condena a la empresa Chapman Freeborn y la aerolínea Ukranian Mediterranian Airlines a indemnizar a las familias.
Imagen de archivo del accidente aéreo del Yakolev 42 que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Turquía y en el que 62 militares españoles murieron
Imagen de archivo del accidente aéreo del Yakolev 42 que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Turquía y en el que 62 militares españoles murieron
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El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de seis millones de euros para las familias de las víctimas del accidente del Yak-42. Una indemnización que la empresa Chapman Freeborn y la aerolínea Ukranian Mediterranean Air, organizadores conjuntos del vuelo, deberán pagar a las familias. El veintiséis de mayo de 2003, el avión Yakovlev modelo Yak-42-D, se estrelló en las proximidades de la ciudad turca de Trabzón, accidente en el que fallecieron los sesenta y dos militares que transportaba de Kabul a España.
La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo confirma de esta manera la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ya declaró probado que la causa del accidente fue "un intento de aterrizaje de los pilotos técnicamente inadecuado para las circunstancias". Una tésis que ahora confirma el Tribunal Supremo. También rechaza el recurso interpuesto por las empresas condenadas, señala que la indemnización concedida por la Administración "no tenía el mismo régimen jurídico que la concedida en el proceso civil, ya que no procedía de una responsabilidad del Estado por la deficiente ejecución de la prestación del servicio de transporte", y confirma que deben indemnizar a las familias de los fallecidos con más de seis millones de euros.
