El Gobierno cree que tendrá que rescatar a todas las autonomías en 2013

La adhesión de una autonomía al mecanismo implica que el Ministerio de Hacienda pasa a tener el control de sus gastos. Además, el Ejecutivo ha cortado a todas las Comunidades la posibilidad de ingresar dinero mediante un impuesto sobre los depósitos bancarios, al aprobar una tasa estatal a tipo cero. El equipo económico de Rajoy prevé hacerse así con las riendas de todas las cuentas regionales.

Ayer finalizó el plazo que el Ministerio de Hacienda había fijado para que las Comunidades Autónomas se adhirieran al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A este se han sumado nueve gobiernos regionales (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Baleares y Andalucía). Este mecanismo está dotado este año con 18.000 millones de euros. Para 2013 contará con 23.000 ampliables, en previsión de que sean más las que necesiten ayuda económica.

Lo cierto es que para el año que viene el Gobierno espera que todas las autonomías estén dentro del FLA. Ahora no lo han hecho Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Extremadura, Galicia y Madrid. El equipo económico de Mariano Rajoy da por hecho que no habrá excepciones a pesar de que algunas, como ahora, presumen y mucho de que no les hace ninguna falta. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, anunció a finales de noviembre que había colocado en los mercados toda la deuda para 2012 y se jactó de que así el resto podría contar con su parte. "De forma indirecta, ayudamos a que el conjunto de regiones pueda tener un menor déficit, que redunda también en un menor déficit del Reino de España", fue el comentario de Ignacio González.

Madrid dice ya que tampoco tendrán que recurrir al FLA al año que viene. Otras regiones también se muestran convencidas de ello. Las autonomías intentan resistir sin pedir el rescate porque supone todo un estigma que provoca una bajada automática del rating, aunque desde el Gobierno prefieren subrayar que es también un instrumento financiero muy positivo.

El dinero sirve fundamentalmente a las administraciones autonómicas para pagar los vencimientos de deuda pública, responder a los compromisos adquiridos en sanidad y educación y también para pagar proveedores. Si las 17 CCAA están en el FLA, el Ejecutivo las tendrá completamente controladas.

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Estarán sujetas a unas fuertes condiciones. Para empezar se limitan los instrumentos financieros que pueden emplear para su financiación y se exige la remisión de un plan de ajuste del que tienen que informar de manera periódica. En este se incluirá la tesorería con cobros y pagos mensuales y detalle de cada una de las operaciones que se realizan de modo que el Gobierno está al tanto de su situación de liquidez en todo momento.

Tendrán que informar de cuanto hacen y serán sometidas a un seguimiento estricto. En el caso de que se detecten riesgos de incumplimiento de las medidas en alguna autonomía, la Intervención General de la Administración del Estado enviará a los 'hombres de negro" para que acuerden las actuaciones necesarias. Si no cumplen el déficit se aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria y se procederá a "la intervención directa".

A las que se acaban de sumar al FLA, el ministerio de Hacienda les ha pedido además que reduzcan el tamaño de su sector público, que eliminen cargas administrativas y las barreras del mercado interior. También han tenido que comprometerse a realizar nuevas reformas.

A esta vigilancia exhaustiva de los gastos autonómicos, el Gobierno suma un creciente control de los ingresos. El último capítulo es el cortafuegos que ha diseñado para frenar la posibilidad de que recauden dinero mediante una tasa sobre los depósitos bancarios. El Ejecutivo ha aprobado ese mismo impuesto para todo el Estado aunque con un tipo del 0%, lo que impediría a las CC.AA aprobarlo para su territorio. Esto ha provocado malestar en algunas regiones. Andalucía, por ejemplo, ha amenazado con rebelarse y cobrarlo, argumentando que ha sido avalado por el Constitucional al dar la razón a Extremadura en el recurso que planteó para defender su impuesto.