Exteriores quiere fijar por ley el derecho del Gobierno a exigir el reembolso en el pago de rescates a españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quiere fijar por ley la posibilidad de que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público desembolsado para pagar el rescate o asistencia de ciudadanos españoles en el exterior cuando éstos se hayan expuesto "voluntariamente" a una situación de riesgo.

Así consta en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior elaborado por el departamento que dirige José Manuel García-Margallo y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje (...) o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio", reza el artículo 24 de la norma.

En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia, después de que otros dos cooperantes raptados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) fueran liberados en julio pasado. Pocos días después de esa liberación, el Ejecutivo repatrió a una docena de cooperantes de los campamentos de Tinduf tras recibir una alerta de los servicios secretos sobre un plan concreto para secuestrar de nuevo a ciudadanos españoles.

El único español que decidió quedarse tuvo que firmar un documento por el que eximía al Gobierno español de toda responsabilidad sobre su persona mientras se mantuviera la recomendación de evacuación.

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Unidad de acción

El principio que impregna todo el anteproyecto de la ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros.

En aras de la coherencia interna, la propuesta de ley permite a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno. El Ministerio de Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El anteproyecto introduce aquí un aspecto muy novedoso, pues establece que ese informe de Hacienda "tendrá carácter vinculante cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria".

La norma recoge la oferta que García-Margallo ha hecho a las Comunidades Autónomas, y que ya se está aplicando, para que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas con el fin de ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio en la legación.

Problemas en la negociación

El ministro, cuya intención inicial era haber presentado el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del verano, reconoció el miércoles pasado que las negociaciones en torno al borrador de la norma que su departamento tiene preparado desde hace "cinco meses" no están siendo "en absoluto sencillas". Admitía que su propuesta no contaba aún ni con el consenso dentro de la Carrera Diplomática ni con el resto de otros Ministerios a los que afectaría la ley. En un desayuno informativo, revelaba que "casi todas" las observaciones que otros departamentos han presentado al borrador "tienen carácter corporativo".

Las pegas que otros Ministerios ponen a la propuesta de García-Margallo tienen que ver fundamentalmente con la intención del ministro de convertir a las Embajadas en los verdaderos coordinadores de la acción exterior del Estado, informan a Europa Press fuentes diplomáticas.

Inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, aunque pueda seguir recibiendo órdenes de los Ministerios de los que procedan.

En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.

Aquí es donde el anteproyecto de ley se ha topado con las principales reticencias, sobre todo por parte del cuerpo de técnicos comerciales, dependientes del Ministerio de Economía, que temen perder capacidad adquisitiva e independencia. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, algunos jefes de Oficinas Comerciales cobran más que el propio embajador.

También los propios miembros de la Carrera Diplomática han puesto pegas a la propuesta. No convence la redacción de la norma que abre la puerta a que el Gobierno nombre embajadores a profesionales no diplomáticos. La Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en el sector, ha hecho llegar al ministro que la ley debería establecer de una forma más clara la reserva del puesto de embajador para los miembros de la Carrera.

Embajadas compartidas

La propuesta de Exteriores incorpora la posibilidad de integrar a funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero en los que España no tenga Embajada. Esta fórmula se pondrá en práctica desde primeros de 2013 en Yemen, donde España cerrará su Embajada y pasará a operar desde la delegación europea desde primeros de 2013.

También habla de la posibilidad de crear Misiones Diplomáticas Conjuntas u oficinas consulares con otros socios de la UE en terceros estados, especialmente en aquellos donde no haya delegación europea.