Un juez investiga a Arturo Fernández por doble contabilidad

El juzgado de instrucción número 15 de Plaza de Castilla en Madrid ha reabierto una causa penal contra Arturo Fernández por un delito contable por haber ocultado presuntamente los beneficios obtenidos en la concesión de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid. La deuda contraída con Turespaña, empresa pública que gestiona el Palacio de Congresos se estima en 2,7 millones de euros, según han confirmado fuentes jurídicas.

El juez abrió diligencias previas, (496/2012) hace prácticamente un año después de la denuncia de la fiscalía de Madrid que observo indicios de delito en la actuación de lo responsable del Grupo Cantoblanco, al haber falseado la realidad contable para evitar así pagar los beneficios que debían abonar a la empresa pública, Turespaña, organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juzgado ha reabierto el caso, dos días después de que la Cadena SER desvelara otro presunto escándalo del vicepresidente de la CEOE por haber pagado en dinero negro las horas extras de los trabajadores.

El miércoles pasado, día 13, el juzgado reabrió una investigación que tenía archivada desde el pasado mes de noviembre y en la que el fiscal y el abogado del estado denunciaban que Arturo Fernández había roto el compromiso firmado tenía con la sociedad Turespaña y podía estar llevando una doble contabilidad. En ese acuerdo, el empresario aceptó pagar a Turespaña una cantidad de dinero extra si obtenía beneficios de la concesión de la cafetería del Palacio de Congresos, pero no lo hizo. La fiscalía y el abogado del Estado sospechan que para evitar los pagos, Arturo Fernandez falseó la realidad mediante una doble contabilidad y así disimulaba los beneficios que ciertamente obtenía.

Deuda de 2,7 millones de euros

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Según han confirmado a la Cadena SER, fuentes del Ministerio de Industria, el Grupo Fernández tiene una deuda económica de dos millones setecientos mil, ochocientos catorce con diecisiete euros (2.700 814, 17). Una deuda que se mantiene viva a fecha de 31 de Diciembre de 2012.

El Estado le reclama esta cantidad por recibos impagados que se acumulan desde 2005 hasta 2008 fecha en la que Arturo Fernández perdió la concesión pública del servicio de cafetería del Palacio de Congresos.