El Gobierno prohíbe a las petroleras recomendar precios a las gasolineras

El Consejo de Ministros, celebrado este viernes, ha aprobado una serie de medias con las que pretende aumentar el nivel de competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, y fomentar que bajen los precios de las gasolinas y gasóleos de automoción ya que actualmente rozan máximos históricos.

Según ha explicado en la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, los cambios se incluyen en un real decreto que entrará en vigor el domingo. Ha subrayado que el objetivo es reducir las barreras que dificultan la entrada de nuevos operadores y con ello, beneficiar a los consumidores.

La Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia emitieron el año pasado sendos informes en los que alertaban de la falta de competencia en el sector de los hidrocarburos y proponían al Gobierno diversas medidas para elevarla. Hoy el Gobierno ha tomado alguna de esas medidas.

Entre ellas, se prohíbe a las petroleras recomendar precios de venta al público a sus estaciones de servicio. Pero también, las compañías verán limitada la posibilidad de instalar nuevas estaciones de servicio en aquellas provincias en las cuentan con una elevada cuota de mercado.

Industria considera que cuando una petrolera recomienda tarifas a a sus distribuidores fomenta "el alineamiento de precios entre estaciones de servicio abanderadas, reduciéndose así la competencia intramarca".

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Además, el Gobierno ha optado por limitar la duración de los contratos en exclusiva entre petroleras y estaciones de servicio a un máximo de un año, prorrogable por otros tres si así lo decide el dueño de la gasolinera.

Para facilitar la instalación de nuevas gasolineras, se eliminan barreras administrativas, se simplifican trámites a la apertura de instalaciones de suministro minorista de carburantes y se fomenta la entrada de nuevos operadores.

Uno de los objetivos, será incrementar la apertura de estaciones de servicios en centros y parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos (ITV) y polígonos industriales.

Además, se establece un procedimiento único en todas las autonomías para la apertura de estaciones de servicio y que los tramites administrativos se resuelvan en un máximo de 8 meses.