Un menor inmigrante se querella por prevaricación contra la Fiscal de Extranjería de Las Palmas

El joven marroquí estuvo 21 días retenido en el centro de internamiento de extranjeros de la capital grancanaria a pesar de que su familia entregó su partida de nacimiento y de distintas pruebas forenses que mantenían que se trataba de un menor. Con 7 fracturas craneales, producto del polémico choque de una patrullera de la Guardia Civil contra la patera en la que viajaba en aguas de Lanzarote el pasado 13 de diciembre, permaneció hospitalizado más de un mes. Al recibir el alta fue encerrado en el CIE. Al final un juzgado de lo contencioso revocó las instrucciones de la fiscal de extranjería y se paralizó su expulsión. En la querella reclama que se inhabilite a la fiscal de 7 a 10 años y que se le indemnice con 2000 euros por el tiempo que permaneció privado de libertad "de manera ilegal" según su abogado

Uno de los supervivientes de la patera embestida por la patrullera de la Guardia Civil en aguas de Lanzarote ha presentado una querella contra la Fiscal de Extranjería de Las Palmas. Le acusa de prevaricación por haberle tenido retenido en el CIE de Gran Canaria, privándole de libertad, a pesar de ser menor de edad tal y como sabía por escrito a través de las pruebas forenses y de la partida de nacimiento del menor. Este adolescente magrebí estuvo hospitalizado casi un mes después del choque de la patrullera que le causó traumatismo craneoencefálico múltiple. La fiscal siguió considerándolo mayor de edad a pesar de que el forense había dicho que el chico tenía 17 años. El menor está ahora tutelado por el Gobierno de Canarias.

El trágico choque de la patrullera contra la patera en la madrugada del 13 de diciembre causó un muerto, 6 desaparecidos y un herido grave. Ese herido, con 7 fracturas craneales frontales y otra cantidad similar de lesiones en la parte trasera de su cabeza, era uno de los 3 menores que iba a bordo de la barca. Fruto del impacto contra su cabeza en el choque tuvo que ser trasladado urgentemente desde Lanzarote a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria donde al recibir el alta, después de un mes de tratamiento, fue llevado por la Policía al Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria.

Desde que los abogados de la ONG que asistió a los supervivientes, Coordinadora de Barrios, comprobaron que se trataba de un menor pidieron a la fiscalía que lo sacara de ese centro de privación de libertad para adultos extranjeros. Se realizaron varias pruebas, primero una radiológica que la Fiscal dio por totalmente válida al considerarse en un primer momento que la horquilla de edad por la radiografía de su mano le daba una edad probable que podría ser de hasta 19 años. La Fiscal otorgó toda la credibilidad a esa prueba ósea a pesar de que una Instrucción de la Fiscalía General del Estado advierte a los fiscales que no se puede tener en cuenta solamente esa prueba para decidir sobre la mayoría de edad en caso de duda, de manera literal se dice" no se dictará decreto de determinación de la edad sin disponer de un informe médico suficiente". De hecho en esa Instrucción se advierte que existe mucha controversia en la comunidad científica sobre la validez de esas pruebas tal y como quedó demostrado en sonados casos como el del pirata somalí que fue capturado por el ejército español en aguas de Somalia en la operación Atalanta.

Por encima de esa instrucción de la Fiscalía, Teseida García, la fiscal de Extranjería de las Palmas se valió de esa prueba ósea para mantener hasta el final que el joven fuera expulsado dándolo por mayor de edad en todo momento en contra incluso de nuevos informes forenses que se fueron añadiendo. En última instancia fue un juzgado de lo contencioso, el que a la vista de una fotocopia de la partida de nacimiento y de los informes forenses decidió hacer prevalecer la ley y tratarlo como menor hasta que se disiparan las dudas por encima de pruebas médicas de determinación de la edad cuestionado por toda la comunidad científica. De hecho hay numerosos informes concluyentes sobre las dudas y los errores cometidos en las pruebas de determinación de la edad para menores inmigrantes llegados a España , cuyas tablas de comparación se corresponde con las de varones de raza caucásica tal y como ha advertido de manera contundente el Defensor del Pueblo en su informe monográfico al respecto "Menores o Adultos. Procedimientos para la determinación de la edad " publicado en septiembre de 2011.

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Alejandro Arencibia, el abogado de la Coordinadora de Barrios, la ONG, que ha apoyado al menor para presentar la querella por prevaricación contra la Fiscal argumenta su decisión "porque entendemos que lo fundamental aquí es que ha estado a un tris de ser expulsado como mayor de edad un menor de edad , en absoluta desprotección, con diversas lesiones que aun han de dirimirse las responsabilidades entre las que puede haber implicados determinados poderes públicos y que parece, hay cierto aroma, de que tenía que ser expulsado porque era incómodo y sólo en el último segundo y entendemos que gracias al Juzgado de Control del CIE y al de lo contencioso administrativo se obligó a alguien que estaba empecinado en lo contrario( la fiscal) a que la verdad es la verdad se mire por donde se mire" afirma el letrado.

Por todo esto, en la querella, se reclama que se inhabilite a la fiscal de 7 a 10 años y que se indemnice al joven con 2000 euros por el tiempo que permaneció privado de libertad "de manera ilegal" según su abogado.

Fiscalía defiende que la actuación fue ajustada a derecho

Fuentes de la jefatura de la Fiscalía de Las Palmas, al igual que de la sala de extranjería, consultadas por la Ser, han respaldado el trabajo de la fiscal al considerar que se ajusta a derecho.