Martes, 27 de Septiembre de 2022

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Las enmiendas del Gobierno a la ley de vivienda no frenarán los desahucios

Con 100.000 expedientes de ejecuciones hipotecarias pendientes -en cifras del Consejo- los jueces temen que los juzgados colapsen y los bancos aceleren las ejecuciones en los próximos meses

Las asociaciones mayoritarias de jueces aseguran que las propuestas del Gobierno son insuficientes para abordar el problema social al rechazar de pleno la dación en pago, evitar una moratoria temporal y no ampliar las medidas de protección al ciudadano. Si estas son las únicas medidas que llegan a la ley seguirán repitiéndose las imágenes de familias expulsadas de sus casas.

Con las enmiendas del PP del Gobierno, si la reforma queda como plantea el documento de propuestas, las medidas no servirán para frenar los desahucios y solucionar las ejecuciones hipotecarias que hay en los juzgados. Es más, se volverán a repetir como hasta ahora las imágenes de familias expulsadas de sus casas arrastando parte de la deuda con el banco. Es la valoración de las asociaciones mayoritarias de jueces que consideran como único cambio relevante la posibilidad de abrir un trámite para valorar si hay cláusulas abusivas en los contratos bancarios. Por lo demás, el Gobierno se ajusta a la sentencia de Europa sin abordar el problema social. De hecho, en la práctica puede ocurrir que el contrato no contenga cláusulas abusivas pero los ciudadanos no puedan pagar la hipoteca, "algo que sucederá en muchísimos casos", según apunta Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia. La mayoría de los magistrados consultados coinciden en que deberían ampliarse las medias de protección al consumidor y otorgar - como ocurre en legislaciones de nuestro entorno, véase la francesa - facultades al juez para que puedan acordar quitas de la deuda ya que "cualquier familia puede tener un bache ocasional".

Con 198.000 ejecuciones hipotecarias -eliminando empresas y segundas residencias -, según las últimas cifras del consejo, 100.000 de estos casos vivos en los tribunales podrían afectar directamente a las familias. Con este volumen de expedientes, los magistrados temen un colapso judicial. Es la opinión de José Luis Armengol, presidente de la asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid "Las enmiendas son un mero parche. No entran directamente a solucionar la grave problemática que se plantea. Lo que está clarísimo es la posibilidad de saturación en los tribunales. En lo que nos importa como representantes jurídicos, los juzgados que llevan materia hipotecaria se colapsarán con múltiples peticiones de análisis de las cláusulas contenidas en las hipotecas actualmente en vigor". En cálculos procesales, sólo con que un 30% de los afectados acudieran a un juzgado, en un mes se presentarían en España unas 70.000 demandas.

Una gran mayoría de jueces pedían al Gobierno una moratoria temporal de los desalojos hasta que se tramite definitivamente la ley, por la inseguridad jurídica actual y para evitar que en el ínterin las entidades fuercen ejecuciones y así escapar incluso de las futuras mejoras a favor del consumidor. José María Fernández Seijo, juez artífice del dictamen de Luxemburgo contra la ley hipotecaria española, cree que esta paradoja se puede dar en las próximas semanas y algunas entidades financieras intentarán acelerar las ejecuciones pendientes provocando un mayor número de desahucios. Para Seijo, quien reconoce haber tenido que leer varias veces las enmiendas, cree que el Gobierno ha elaborado un texto confuso, con excesivos trámites, sin soluciones para las víctimas de los últimos cuatro años (las enmiendas no contemplan la retroactividad) y que no cumple con las expectativas generadas. En definitiva, "el Gobierno se ha contentado con subir un primer escalón que a juicio de los afectados ni siquiera es un escalón de mínimos".

El criterio de parte del colectivo de secretarios judiciales coincide con la lectura que hacen los jueces. Todos celebran la capacidad de frenar la ejecución para valorar las claúsulas. Y una vez leído el texto de enmiendas de los populares, aseguran que frente a la concreción del contenido de la ILP las propuestas se caracterizan por ser dispersas y confusas. No hay un cambio de modelo. "Tanto desde el punto de vista técnico como social suponen una solución parcial" dice Rafael Lafuente, presidente del Sindicato de Secretarios Judiciales.

Neutrizar la ILP

El Gobierno ya ha anunciado que no admitirá la dación en pago generalizada, es decir, entregar la vivienda a cambio de liquidar la deuda. Un reclamo vinculado a los colectivos que luchan contra los desahucios pero también una opción normalizada en otros países. Incluída como medida de mínimos en el texto de la ILP, el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se desmarcó con el argumento de que alteraría las reglas del mercado hipotecario disparando los intereses de los préstamos bancarios. Para los juristas consultados, sin embargo, es precisamente la parte que echan en falta. Tal vez no como está planteada en la ILP pero sí como alternativa judicial a la hora de resolver una ejecución. Es decir, que el juez pueda decidir si aplica o no la dación en pago - y en qué medida - caso a caso. La casuística es muy diversa en materia hipotecaria por eso entienden que homologar la ley española a la de otros países les sería de gran ayuda. En palabras de Armengoll, "efectivamente, falta la dación en pago como existe en otros países europeos. Que a través de la propia ley se fijen directamente los principios legales a través de los cuales pudieran ser consideradas determinadas cláusulas contrarias a los intereses del consumidor". La excepción serán las viviendas de protección oficial, sobre las que si podrá haber dación, es decir, con la devolución de la casa a la Administración la deuda se liquida.

Con estas novedades planteadas por los populares la incidencia social de los desalojos no será muy distinta de la que conocemos hoy. El reconocimiento de las claúsulas abusivas no evita el desahucio; el porcentaje de las quitas no será suficiente para muchas familias que en realidad necesitan más una moratoria que una rebaja y los afectados continuarán arrastrando parte de la deuda tras la pérdida de la casa. En opinión de los jueces, si el destino final de la ley queda en estas enmiendas, utilizando una metáfora del juez Seijo, la venda es muy pequeña para tanta hemorragia.

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