Dos años de inhabilitación para un Guardia Civil que daba chivatazos a un traficante
El agente avisó varias veces a quien le vendía la droga de que las autoridades vigilaban su casa y le intervenían las conversaciones telefónicas
El Supremo ha confirmado la multa e inhabilitación de dos años y dos meses para un Guardia Civil que avisaba a un vendedor de droga cuando la policía le investigaba o le pinchaba el teléfono. Las autoridades descubrieron la relación entre el Guardia Civil y el traficante después de encontrar una libreta en la que apuntaba los nombres de sus clientes y el dinero que le debían.
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El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de dos años y dos meses de inhabilitación y una multa de 4.320 euros para un Guardia Civil de Lugo por darle "soplos" a un vendedor de droga. El Guarda Civil, consumidor de cocaína, pertenecía al Grupo de Información de la Comandancia de Lugo y alertó hasta en dos ocasiones a la persona que le facilitaba la droga que la Guardia Civil estaba vigilando su domicilio o 'pinchándole el teléfono'.
Los dos avisos que el condenado hizo al traficante, un vendedor de droga "a pequeña escala", se produjeron en junio de 2008. En una ocasión, le alertó de que las fuerzas de seguridad se encontraban en las proximidades de su domicilio, y en otra le comunicó que sus conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas. Las autoridades descubrieron que este Guardia Civil era cliente del vendedor de droga cuando le intervinieron una libreta en la que apuntaba los nombres de sus clientes, así como las cantidades de dinero que le debían. Durante la fase de instrucción, las pruebas médicas demostraron que el agente consumía cocaína.
La Sala de lo Civil confirma ahora la pena que ya le impuso la Audiencia Provincial de Lugo por un delito continuado de revelación de secretos, y rechaza todos los argumentos presentados por la defensa del acusado. Indica que el Guardia Civil causó "un daño relevante a la causa pública" contribuyendo a que el vendedor de droga pusiera más cuidado y que "la efectividad de las intervenciones telefónicas fuera menor".
También rechaza que las incoherencias detectadas en las declaraciones del vendedor de droga, una vez detenido, puedan anular su valor probatorio, señalando que "resulta coherente que el acusado le pasara información policial al vendedor, ya que con ello contribuía a amparar su fuente de suministro".
