Elena Cortés: ''La Junta de Andalucía tiene la obligación de defender el interés general''

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha defendido en la SER la ''plena garantía jurídica'' que, a su juicio, tiene el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ''Vivimos una situación de emergencia económica y social'', ha justificado Cortés, un día después de la aprobación de una medida concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios.

El decreto contempla medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

''Si el Gobierno del Partido Popular no es capaz de atajar esta tremenda injusticia social'', ha explicado la consejera, ''que al menos haya un gobierno que sí lo haga''.

El decreto, que según la consejera se aplicará "sin dilación" tras su aprobación con carácter de urgencia y se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

Elena Cortés ha reconocido que ''ni entidades financieras ni nadie han sido consultadas'' sobre esta medida porque ''la Junta tiene la obligación política de defender el interés general''. ''Creemos que defendemos el interés general, garantizando el derecho a la vivienda y protegiendo el uso a la vivienda de la personas con necesidades'', ha sentenciado.