El Gobierno rechaza que cada autonomía dé su propia solución al problema de los desahucios

Madrid

El ministro de Justicia ha anunciado que se estudiarán los "hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía que contempla sanciones a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías, entre otras medidas antidesahucios. Ruiz-Gallardón considera que la solución debe ser general, para toda España, en lugar de tomarse en cada comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia ha considerado que la respuesta a los desahucios "tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad en la que vivan", mostrándose favorable a soluciones generales: "No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo". El ministro ha anunciado que el Gobierno estudiará "los hipotéticos efectos" del decreto-ley de la Junta de Andalucía antes de decidir si recurre la medida ante el Tribunal Constitucional.

En el Congreso también ha habido apoyos para la medida andaluza. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez, ha dicho que no tiene dudas "de la legalidad" del decreto, que supondría la expropiación "por motivos de función social, una expropiación temporal, para que una familia que no tiene medios, que no ha podido pagar su vivienda porque ha perdido el trabajo, pueda permanecer en esa vivienda durante un plazo de tres años".

El diputado catalán Joan Tardá (ERC) encuentra la medida "muy interesante" y anima a otros gobiernos a seguir el ejemplo: "Todo lo que sea intentar parar los pies al poder de los bancos, a la mafia de los bancos en todo aquello que atiende a los problemas que padecen los ciudadanos me parece no solamente interesante, sino que otros gobiernos deberían tomar un buen ejemplo".

El también diputado catalán, Pere Macias (CiU), entiende que aunque la norma no se aplique, puede generar "un efecto que coadyuve a una cierta presión sobre los propietarios, en este caso las entidades financieras".

Más escéptica, desde UPyD, Irene Lozano considera que la medida será una "solución parcial" y un "parche" hasta que no se ofrezca "una solución definitiva que garantice la segunda oportunidad a la gente envuelta en un endeudamiento".