El Congreso da luz verde a la futura ley antidesahucios con el único apoyo del PP

La comisión de Economía del Congreso ha aprobado por 23 votos a favor, los del Partido Popular, y 21 en contra, los de la oposición, el proyecto de ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Ahora, la futura norma pasará a tramitarse en el Senado.

Entre duras críticas de la oposición, el PP ha hecho lo que estaba previsto: aprobar en solitario la próxima ley antidesahucios fruto, en teoría, de la fusión de la iniciativa legislativa popular (ILP) y el propio proyecto de ley del Gobierno en materia hipotecaria. En la práctica, la oposición se ha quejado de que el texto da la espalda a la ILP y a sus enmiendas, y no resolverá el drama de los desalojos.

El PP calcula que la ley, una vez termine su trámite en la Cámara Alta, podría entrar en vigor en dos meses. Será entonces cuando se pondrá en marcha la "suspensión de los lanzamientos" durante dos años para casos de personas que se encuentren en situación de "especial vulnerabilidad social y circunstancias económicas adversas", y que deberán cumplir con un conjunto de requisitos recogidos en la norma.

Según fuentes populares, las "entidades financieras tendrán la obligación de reestructurar la deuda hipotecaria" y "en caso de que las medidas de reestructuración no sean viables se podrá admitir la dación en pago de la vivienda habitual". Este extremo sólo se produciría cuando los inquilinos demuestren que no tienen capacidad de pago y cumplan además con una serie de condiciones (familia numerosa, unidad monoparental con dos hijos, unidad familiar con un menor de tres años... y cuya cuota hipotecaria esté por encima del 50% de los ingresos familiares, que no superarán mensualmente los 1.597 euros).

Estas medidas están incluidas en el último borrador redactado por el PP y en el que se recoge una enmienda de UPN relativa al fondo social de viviendas en alquiler. La nueva enmienda estipula que en un plazo de 6 meses se evaluará ampliar el colectivo de personas en situación de especial vulnerabilidad que pueden beneficiarse de este fondo de menos de 6.000 pisos aportados por la banca.

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Asimismo, en el texto se contempla ampliar de 1 a 3 meses el plazo de impago de la hipoteca antes de iniciarse la ejecución. Se limitan los intereses de demora a 3 veces el interés legal del dinero (fijado este año en el 4%) y queda en manos del juez la paralización del proceso de ejecución en caso de que detecte cláusulas abusivas. A su vez, se establece una quita del 35% cuando se pague el resto de la deuda en un plazo de 5 años y el 20% si se abona lo demás en un máximo 10 años.