Justicia endurece las penas contra la piratería en la versión definitiva del código penal

La versión definitiva del código penal de la era Gallardón que ya maneja el Consejo de Estado introduce modificaciones de calado en materia de corrupción y de propiedad intelectual, respecto del anteproyecto del que informaron el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El bloque que regula los delitos contra la corrupción es prácticamente nuevo, especialmente en materia de cohecho que establece penas de entre tres y seis años de cárcel. Además, quien con ánimo de lucro descargue y distribuya contenidos protegidos por el derecho de autor se puede enfrentar a una pena de hasta cuatro años de prisión.

El Ministerio de Justicia ha enviado al Consejo de Estado un proyecto de código penal con novedades respecto del que informaron el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Según ambos textos que obran en poder de la Cadena SER, el bloque de delitos contra la corrupción es prácticamente nuevo. En el caso del cohecho, que incrementa las penas hasta los seis años de cárcel, es inédito. La malversación de caudales públicos introduce un matiz para suavizar el tipo penal y es que cuando lo que se haga sea una "mera utilización y el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a los 4.000 euros", el asunto se quedará en una multa.

Lo más llamativo es el endurecimiento de las penas en los casos de delitos contra la propiedad intelectual orientados a proteger el derecho de autor que se duplican con respecto al anteproyecto del que informaron el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía General del Estado. Las movilizaciones con motivo de la ley Sinde no han hecho mella en el Ministerio de Justicia y este delito conlleva penas de cárcel. Aquel que descargue y distribuya con ánimo de lucro obras artísticas, literarias, discográficas o cinematográficas se enfrenta has a cuatro año de cárcel.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia. Fuentes del departamento que dirige Ruiz Gallardón han asegurado que no han hurtado al órgano de gobierno de los jueces ni al Consejo Fiscal de su facultad de informar sobre los proyectos legislativos del Gobierno sino que han tomado nota de sus recomendaciones y las han incluido en la versión definitiva remitida al Consejo de Estado. Añaden que solo deberían haberles devuelto el proyecto y someterlo de nuevo a su informe en el caso de que la modificación hubiera sido sustancial.