El 'comité de expertos' propone que las pensiones puedan bajar

El 'comité de expertos' a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones ya tienen el borrador del texto. En él recomiendan "una aplicación temprana" de la reforma y calculan el efecto que tendría: una merma del poder de compra de las pensiones que alcanzaría a los actuales pensionistas, y la posibilidad de bajarles las pensiones a los futuros perceptores.

Los doce expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones ya tienen el borrador del texto. Y en él recomiendan "una aplicación temprana" de la reforma que han diseñado; mejor si es en 2014, y no más tarde de 2019, indican. El efecto que esto tendría: una merma del poder de compra de las pensiones que alcanzaría a los actuales pensionistas, y la posibilidad de bajarles las pensiones a los futuros perceptores. Según sus propios cálculos, la receta que proponen podría suponer a los pensionistas actuales una pérdida de poder adquisitivo de un 6% de aquí a 2020.

El borrador del informe, que el comité perfilará y terminará la semana que viene, incluye cálculos sobre los efectos que tendría aplicar pronto las dos medidas que proponen: la primera, reducir la pensión inicial a los nuevos pensionistas de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de los españoles; la segunda, que la revalorización de las pensiones que se hace cada año no dependa de la subida de los precios, sino de la marcha de las cuentas de la Seguridad Social. Esta última idea, la de la revalorización no ligada al IPC, es la que afectaría a los pensionistas actuales.

Las simulaciones que hacen los expertos se basan en distintos escenarios económicos, algunos más optimistas y otros menos. En el caso de que se cumpliese una evolución económica pesimista, los autores del informe calculan que la revalorización de las pensiones que ellos plantean supondría a los pensionistas actuales una merma de su poder adquisitivo de hasta el 6% de ahora a 2020, y superior al 7% si se calcula de aquí a 2030.

Por otro lado, sus cálculos concluyen que, de reducir las pensiones iniciales de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida, los que se jubilasen en 2024 cobrarían un 6% menos de pensión de lo que les correspondería con las reglas actuales, y los que se jubilasen en 2032 casi un 12% menos. Los pensionistas futuros, por tanto, son los que se verían más afectados, porque pesarían sobre sus pensiones ambos ajustes: una pensión inicial más baja de lo que les correspondería con las reglas actualmente en vigor, y una revalorización anual por debajo del IPC (que es el indicador que se utiliza ahora para calcular la subida de las pensiones).

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Plantean bajar las pensiones

De hecho, los expertos parecen dispuestos a saltarse un tabú que hasta ahora no se ha tocado: la posibilidad de que las pensiones no sólo no suban, sino que bajen. Dicen que esto no debería afectar a los pensionistas actuales (según el informe, supondría cambiarles "drásticamente las reglas del juego a gentes que [...] ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias"), pero sí que lo ven bien para los pensionistas futuros, los que entrarán en el sistema en los próximos años. Así que ponen encima de la mesa la posibilidad de que bajen las pensiones si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos.

Además, los expertos no sólo plantean que las pensiones dejen de revalorizarse de acuerdo con la subida anual de los precios (IPC): llegan a proponer que, en vez de ser la referencia de subida, ese IPC sea el máximo de subida anual. Según ellos, en los años de bonanza el ahorro resultante podría acumularse en el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), para poder ser utilizado cuando la situación económica sea negativa y el sistema se enfrente a posibles déficits. Así que, si la economía va bien, las pensiones nunca subirían más que los precios; pero si va mal, sí que podrían subir menos que el IPC, e incluso bajar.

Se meten en política

Los expertos plantean dos fórmulas matemáticas para que estos ajustes se hagan automáticamente, aunque los efectos detallados de su aplicación estarán en los anexos del informe, todavía por incorporar al texto. Pero al margen de las matemáticas, el documento se mete en terreno político, a pesar de insistir en el comienzo que su labor no consiste en ser "sustituto de esa política [de pensiones]".

Así, hacia el final del informe, subrayan que quedan muchas cosas por hacer en el campo de las pensiones, como "el desarrollo de las pensiones complementarias (fondos de empresa, seguros y fondos de pensiones)". Cabe recordar que varios de los integrantes del comité están vinculados a aseguradoras y al entorno de los fondos privados. Además, se permiten en el redactado exigir "ejemplariedad" [sic] al "estamento político", porque -afirman- "los representantes públicos pueden consolidar pensiones después de menos de una tercera parte de los años de cotización que se le exigen a un ciudadano común".

Además, entre las razones que dan para hacer y aplicar esta reforma rápidamente está el escrutinio al que Bruselas somete al Gobierno, algo que escapa al mandato del informe: poner en marcha la reforma en 2014 "refuerza la señal de seriedad en el compromiso con la sostenibilidad presupuestaria [...] que se envía a la ciudadanía, a los inversores internacionales y a nuestros socios europeos".

Está previsto que en los próximos días el documento quede completamente listo y se remita al Gobierno, que lo debatirá con partidos, sindicatos y patronales. En todo caso, todo apunta a que el texto no contará con el respaldo de los doce integrantes del comité; para algunos, va demasiado lejos tanto en las medidas que propone como en plantear que se aplique inmediatamente.